Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles, con los votos favorables del PP, Cs, UPL, Por Ávila y Vox y con la oposición del PSOE, Podemos y la procuradora no adscrita María Montero -ex de Cs-, la modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que significa su práctica supresión, cuantificada anualmente por la Junta en unos 35 millones de euros.
Al inicio del debate de este punto ante el Pleno de las Cortes, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que esta bajada «no será la última bajada» de impuestos de la legislatura, ya que se ha comprometido a seguir con las bonificaciones planteadas en el pacto de legislatura del PP y Cs.
Durante su defensa inicial del proyecto de ley que modifica los tributos cedidos de la Comunidad, Mañueco ha remarcado que este cambio acaba con un impuesto «injusto que penaliza el esfuerzo de las empresas y las familias«, lo que será «positivo para todos los ciudadanos» al favorecer la inversión y el crecimiento.
Mañueco ha asegurado que lo que está en juego con este debate sobre el futuro de este impuesto es «el futuro de muchos jóvenes, la continuidad y la modernización de actividades económicas», además del empleo, que en su opinión se verá dinamizado junto con las inversiones, al movilizar el ahorro.
En opinión del presidente, se confrontan así dos alternativas fiscales, la de «la izquierda» que presenta enmiendas a esta modificación que provocarían una «subida sustancial de la carga fiscal» en esta Comunidad, y la que propone la Junta, más «justa, equitativa y moderada».
Tras la intervención de Mañueco ha sido el turno de la socialista Rosa Rubio, crítica con el «empeño» del PP y Cs para que «quien más tiene y quien más hereda, menos pague», lo que en su opinión debilita la recaudación y con ello la financiación de servicios públicos como la lucha contra la pobreza, el aumento de plazas residenciales para mayores y la dotación de más personas para sanidad, entre otros fines.
«No beneficia al conjunto de los ciudadanos, sólo a los ricos, a los que más tienen, a sus amigos», ha dicho Rubio en alusión a que la propia Junta plantea que se verán beneficiados directamente por esta bajada entre 5.000 y 15.000 contribuyentes, lo que equivale a entre el 0,2 y el 0,6% de la población.
Rubio ha acusado a la Junta de basar su discurso en «mentiras y cuentos de la abuelita», mientras que en su réplica, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha considerado que Castilla y León está ante un «día histórico» al convertirse en la Comunidad donde menos impuesto de Sucesiones y Donaciones se pagará de España.
De la Hoz ha afirmado que es «la tercera vez en un mes» que los ciudadanos de esta Comunidad «derrotan al señor (Pedro) Sánchez y a lo peor del ‘sanchismo’ aquí representado», en referencia a la moción de censura fallida contra el Gobierno, a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a devolver una parte de la liquidación del IVA de 2017 y hoy, «sacando adelante esta ley que tanto han pedido los castellanos y leoneses», frente a una «izquierda desquiciada».
Tras la votación, han tenido la oportunidad de explicar el sentido de su voto el resto de grupos parlamentarios que no han intervenido en el debate.
En el caso de Ciudadanos, el procurador Miguel Ángel González ha asegurado que estos avances en la reducción progresiva del impuesto de Sucesiones y Donaciones, iniciados en la anterior legislatura al elevar el mínimo exento a los 400.000 euros, son «gracias al firme compromiso de Cs», que tiene un «compromiso inequívoco con la moderación fiscal».
«El impuesto de Sucesiones y Donaciones castiga a la clase media y trabajadora», ha asegurado el representante de Ciudadanos, quien ha tildado de «trasnochada» la política fiscal del PSOE.
Por su parte, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se refiriera a las personas que sufren las denominadas «colas del hambre» como «subvencionados y mantenidos», ya que estos términos pueden aplicarse a ese «0,2%» de «ricos que hoy se van a ver favorecidos» para «pauperizar» al resto de la población.
El representante de Por Ávila, Pedro Pascual, ha defendido que esta medida también fue incluida por su partido en el programa electoral de 2019 y ha considerado que puede «contribuir a la recuperación económica de familias afectadas» por la crisis del coronavirus.
Por último, la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, ha insistido en que se trata de un impuesto «injusto», que ha motivado en los últimos años que las renuncias a las herencias «se multipliquen por cuatro», y ha pedido a la Junta que en lugar de aplicar esta supresión desde las próximas semanas, lo haga con carácter retroactivo con fecha de 1 de enero de 2020, en referencia al tiempo que este impuesto ha estado paralizado tras su tramitación en 2019.
