La exministra socialista de Fomento Magdalena Álvarez ha decidido renunciar a su puesto de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, según ha dicho ella misma en declaraciones a la Cadena Ser en las que ha atribuido su marcha a una “campaña de acoso y derribo” del Gobierno.
Álvarez, exconsejera andaluza de Hacienda, está imputada por la juez Mercedes Alaya en el caso sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en Andalucía, pero ha desvinculado su renuncia de su situación procesal.
“No tiene absolutamente nada que ver con mi imputación. He dimitido porque todo tiene un límite y la maniobra la manipulación y el acoso del PP hace mella en mí, en el Banco y en España”, ha afirmado la exministra, acusando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Economía, Luis de Guindos de “querer poner a otro” en su puesto.
La exministra ha acusado al Ejecutivo de no tener “límites” y de hacer “un daño irreparable” a España, al BEI y a ella misma al pedir al Consejo de la institución que someta a votación su caso, es decir, queriendo “involucrar a todos los países europeos” en lo que considera “una cuestión interna” de “ambición política desmedida”.
En su opinión, sería difícil que el Banco la cesase porque necesitaría dos tercios de los votos a favor, así que bastaría con que Francia e Italia se opusiesen, pero ha asegurado que no quiere someter a España “a ese ridículo”. “Me da hasta miedo, porque tenemos que tener límites”, ha añadido.
Para Álvarez, las presiones del Gobierno no están relacionadas con su imputación, puesto que su situación procesal es la misma desde julio de 2013 y la Audiencia Provincial confirmó su imputación hace un mes. Sin embargo, ella supo el pasado viernes que el Gobierno quería someter su caso a votación en el consejo del BEI.
Christine Lagarde también está imputada
Álvarez ha incidido en que una imputación no es motivo para dimitir, puesto que es una figura que pretende dar “garantías” y no ser una “condena” anticipada. De hecho, ha recordado que la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, también está imputada en Francia “y el Gobierno de España la apoya”.
Según Álvarez, si el BEI ha abierto una investigación sobre su caso es porque el ministro español se lo ha pedido, y le ha reprochado que le acuse de estar perjudicando a España cuando, según ha dicho, su actividad este año en el BEI arroja “los mejores resultados del Banco y España la que mejores resultados ha tenido de todos los países”.
La exministra está convencida de que en el juicio se demostrará su inocencia y espera que el Gobierno le reserve el puesto para entonces, y que pida su regreso “con la misma virulencia”. Y ha aprovechado para decir que ella no tiene la culpa de que la instrucción de los casos en España se demore tanto.
Además, ha aprovechado para puntualizar que la juez Alaya no la acusa de mal uso de fondos públicos, sino de haber autorizado “una partida presupuestaria que produjo un procedimiento que facilitó que otros mal usaran ese dinero”, y ha asegurado que de eso también es inocente, porque el responsable de esa partida presupuestaria era la Consejería de Empleo, no la de Hacienda que ella dirigía.
“Tengo las mismas posibilidades de meter esa partida en el Presupuesto que de matar a Kennedy”, ha espetado.
