Ya lo dice el refrán: Amistad toda la que se quiera, pero la cebada a 20 céntimos la fanega. Solo así se puede explicar la comparecencia ayer ante los medios del vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, cuya cabeza piden los partidos municipales de la oposición y los familiares de las cuatro chicas fallecidas en la trágica fiesta del Thriller Music Park del pasado 31 de octubre.
Y es que el dirigente popular subrayó que su relación con el promotor de Divier-TT e imputado en la causa que se está investigando, Miguel Ángel Flores, es la de un «conocido» y que, como tal, no puede hacerse responsable de los actos del empresario.
«Hablé de una relación de conocimiento, no de amistad. De un conocido uno no se puede hacer responsable de sus actos y si ha incurrido en una acción ilegal, es su responsabilidad», afirmó después de incidir en la «relación profesional» que mantuvo con este hombre de negocios y sus colegas cuando estaba al frente de la delegación de Economía y Empleo. Y es que, pese a manifestar poco después de que se consumara la tragedia que ignoraba quién era, a lo largo de las semanas se supo que el político casó a un hermano del procesado mientras circulaban fotos de ellos dos posando con la cantante Alaska en el photocall de una fiesta.
En este punto, el vicealcalde recordó que Flores estaba en la comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Madrid, era representante de la asociación hostelera La Viña y de la que agrupa a las discotecas y salas de fiestas.
También quiso subrayar el segundo de Ana Botella que no se firmó contrato alguno con la firma del imputado mientras él ocupó sus dos últimos cargos.
Mientras, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, insistió en que la dramática fiesta «no necesitaba» autorización de la Comunidad de Madrid.
Además, la oposición en el Ayuntamiento capitalino acusó al PP de «vetar» y «censurar» la comparecencia en la Comisión de Investigación de la alcaldesa, Ana Botella. El PSM solicitó su dimisión.
También se supo ayer que la Fiscalía ha anunciado que solicitará al juez que instruye el caso la imputación de siete personas, entre las que se encuentran el ya exdirector gerente y los responsables de seguridad de Madrid Espacios y Congresos (Madridec). Asimismo, pedirá que declare como procesado el hermano de Flores, Rafael, que fue quien firmó el contrato con la empresa pública.
Entre otras diligencias, el organismo público pedirá que se aporte el listado de personas de Seguriber y de Kontrol 34 que prestaron sus servicios esa noche, así como que se indique las labores que tenían que desarrollar y los lugares donde tenían que ubicarse antes del suceso.
A juicio del responsable de seguridad de Madrid Espacio y Congresos (Madridec), Rafael Pastor, que declaró en dependencias policiales, Seguriber era la firma a la que se le había encomendado la seguridad exterior del recinto Madrid Arena para la fiesta de Halloween, y que, entre sus tareas, figuraba «controlar que en el parking del recinto no hubiera botellones», algo que, desde luego, no se logró, ya que parece probado que unos 3.000 jóvenes procedentes de éstos -«superborrachos», según testificó 24 horas antes Flores- se colaron en las instalaciones. Como se puede apreciar, el juez tiene ante sí un auténtico laberinto.
