El Congreso de los Diputados apoyó ayer con 183 votos el proyecto de Ley del Aborto que comienza así su tramitación parlamentaria tras superar cinco enmiendas a la totalidad que han sido apoyadas por 162 diputados. La iniciativa legislativa ha contado con el apoyo de los diputados del PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, NaBai, BNG y de un parlamentario de CiU; en contra votaron el PP, CC, UPyD, UPN y otros ocho diputados de CiU. Una parlamentaria de esta formación se abstuvo.
Pese a haber decidido adherirse a la totalidad de lo propuesto por el Gobierno, varios grupos expresaron su desacuerdo con ciertos puntos, en especial la posibilidad de que las menores de 16 años puedan abortar sin el conocimiento de sus padres y la falta de regulación de la cláusula de conciencia del personal sanitario. A este respecto, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, sostuvo que se intentará encontrar «un punto de equilibrio» entre las diferentes posiciones. Además, explicó que el proyecto legislativo fue «demandado en su origen, meditado en su elaboración y equilibrado en sus términos alejado de dogmatismos e imposiciones morales».
En su turno de intervención, el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, se mostró de acuerdo en mejorar la ley y tratar de ampliar el consenso, aunque recalcó que la decisión sobre las menores se adoptó pensando en que la mayoría de las niñas tienen una buena relación con sus padres, pero existen otras que si tienen que anunciar su embarazo y decisión de interrumpirlo «corren el peligro de padecer presiones, persecuciones violentas o peor».
Para el PP, la posibilidad de una menor de 16 años de no tener que informar a sus progenitores «vulnera el concepto de patria potestad» y la priva de recibir «el consejo, la confianza y el cariño de sus padres», según argumentó la portavoz Sandra Moneo.
Los populares también criticaron que la ley no incluya «ni una sola medida» de apoyo a la mujer que quiera seguir adelante con su embarazo y que libere a los hombres de «toda responsabilidad» en esta materia. Asimismo, le reprochó al Ejecutivo que quiera imponer a la sociedad un modelo de aborto libre que «solo tiene reflejo en los antiguos regímenes totalitarios de la Europa del Este».
La «degradación de la patria potestad» y la falta de ayudas adicionales, asistencia o información a las mujeres embarazadas, fueron también los principales argumentos utilizados por la diputada Concepción Tarruella, de Unió, y el diputado de Convergencia Jordi Xuclá. El PNV se posicionó en contra a las enmiendas a la totalidad, pero también advirtió de que votará en contra «en los términos en los que está ahora», planteó el diputado Joseba Aguirretxea, que rechazó que no se informe a los padres sobre la interrupción del embarazo.
Finalmente, los portavoces de ERC-IU-ICV animaron al Gobierno a seguir adelante con una reforma necesaria y que no esté sujeta a «la moral de la Iglesia». Así, el independentista catalán Joan Tardá advirtió al PSOE: «les corresponde a ustedes parar los pies a la derecha y poner a la Iglesia en el lugar que les corresponde en una sociedad del siglo XXI».
La líder de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, sostuvo que «abortar no es ni un derecho -algo que es impresentable e incompatible con el Estado actual-, ni una broma, ni una cosa que se pueda banalizar». Además, también se mostró en contra de que los progenitores estén al margen ante la gestación de su hija.
En los pasillos de la Cámara, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que España va a tener una ley «como la mayoría de los mejores países a la hora de articular la defensa de los derechos y libertades individuales».
Mientras los grupos provida anuncian movilizaciones, ayer también se supo que un 52 por ciento de las usuarias de la píldora del día después son reincidentes -un 20 por ciento la tomó más de dos veces-, según un estudio realizado con unas 300 mujeres que solicitaron la anticoncepción de emergencia en un centro de salud, desde junio de 2005 a febrero de 2006, antes de que se aprobara su libre venta en las farmacias.
