El «estilo Luquero» comienza a visualizarse. «Ciertos desahogos perjudican a la ciudad y no me lo puedo permitir». Con esta frase, la alcaldesa cerró la rueda de prensa en la que valoró sus encuentros en Valladolid con los consejeros de Fomento, Antonio Silván, y de Educación, Juan José Mateos. «Estoy satisfecha, pero solo relativamente», afirmó la alcaldesa, que ayer optó, nuevamente, por la prudencia y puso «freno de mano» en sus declaraciones.
De las confesiones de la alcaldesa quedó claro que esperaba más apoyo para Segovia de los consejeros, que en siete años no quisieron recibir al anterior alcalde, Pedro Arahuetes, algo que «no se puede entender y que tienen que explicar ellos», dijo. No obstante, Luquero quiso transmitir ayer un mensaje positivo —«hemos dado pasos hacia delante», dijo—; si bien no ocultó su frustración por comprobar que la Consejería de Educación no contempla ahora la construcción de la segunda fase del campus público o el ambulatorio de Nueva Segovia; mientras que, según insinuó, el respaldo económico ofrecido por la Junta para la reforma de la terminal de autobuses (el 50% de lo que determine el proyecto) o el arreglo de la avenida de la Constitución (los 342.000 euros estrictos que marca la ley) son, en su opinión, insuficientes. Los acuerdos no colman la totalidad de las aspiraciones municipales, aunque se han aceptado en la filosofía de que «por encima de todo están los intereses de los ciudadanos» y su Ayuntamiento, con independencia del proceder de otras administraciones, «debe esforzarse en atender sus necesidades como creemos que tiene que ser justo», enfatizó la alcaldesa.
Luquero confirmó, en líneas generales, el contenido de los acuerdos alcanzados, que había avanzado el día anterior el propio Ayuntamiento en un comunicado y detallado, en rueda de prensa, el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar. Así, habló del propósito de la Junta de invertir alrededor de 9 millones de euros en la construcción del instituto de San Lorenzo, un centro que podría estar operativo en el curso 2017-2018. «Es una buena noticia para Segovia porque por primera vez fijan plazos y un calendario», afirmó Luquero, que a continuación lamentó que el consejero de Educación le confesara que una obra «imprescindible» para Segovia, en opinión de la alcaldesa, como es la construcción de la segunda fase del campus no se encuentre entre las proyectos inmediatos de la Junta. «Segovia tiene un gran potencial como ciudad universitaria y nos están cortando las alas», lamentó Luquero, quien aseguró que Mateos le prometió «que se hará, pero no hay plazos ni fechas».
En relación a la terminal de autobuses, la alcaldesa recordó, en primer lugar, que las competencias del transporte interurbano corresponden a la Junta y que, en consecuencia, ha sido el Ayuntamiento quien ha querido ‘cooperar’ con la administración regional y no al revés. «El problema era de la Junta, pero, más allá de las competencias, queremos colaborar porque por encima de todo están los intereses de los ciudadanos», aseveró. Como se sabe, serán los técnicos de ambas administraciones los que ahora elaborarán un proyecto conjunto para la reforma de la terminal, que será cofinanciado al 50%. Luquero confesó ayer que acudió a Valladolid con el objetivo de que la Junta aportará la totalidad de la inversión, que, a la espera del estudio técnico y de evaluación económica de las obras, puede superar los 800.000 euros. La alcaldesa argumentó ante Silván, sin éxito, que el «cierto olvido» hacia las necesidades de Segovia tenía que ser compensado o que en la ciudad de Ávila la Junta había gastado más de 5 millones de euros en la construcción de una nueva estación de autobuses. Del consejero extrajo el compromiso de costear la mitad de las obras y que «a medio plazo» la administración regional tenía que contribuir para dotar a la ciudad de una nueva estación acorde con las especiales características de Segovia, una ciudad Patrimonio de la Humanidad que recibe cientos de miles de visitantes al año.
A la espera del estudio técnico conjunto, la alcaldesa indicó que las obras deben ser suficientes para que la terminal obtenga la declaración como estación de autobuses, pero que también permitan frenar el deterioro que sufre la estructura que soporta la campa y que, según recordó, ya lo advirtió en un informe un perito independiente, contratado por la Junta, hace cuatro años.
Luquero presentó al consejero de Fomento dos alternativas de intervención en la estación. La primera, que precisaría una inversión superior al millón de euros, implica levantar íntegramente la campa y ‘rehacerla’, además de la retirada de la marquesina anclada en el edificio, la cubrición de las dársenas y la dotación de los sistemas antiincendios. Esta alternativa, que supone el ‘sellado completo’ de la campa para zanjar las filtraciones de agua, precisaría un plazo de ejecución de seis meses, tiempo en el que la terminal estaría cerrada. La segunda propuesta está valorada en 900.000 euros y plantea una intervención «más superficial», con una impermeabilización con telas ignífugas. Aquí, la duración de las obras se estima en dos semanas. «Serán los técnicos quienes aporten la mejor solución», aclaró Luquero, quien, no obstante, se inclinó por la segunda alternativa puesto que sería la que menos perjudicaría a los usuarios y empresas, que, en el tiempo en el que esté cerrada la terminal, deberán prestar su servicio, inicialmente, en terrenos del Velódromo.
