“La parte fundamental del pliego del Servicio de Transporte Urbano, la que nos compete a quienes tomamos las decisiones de Gobierno municipal y a la oposición, la conocen desde las primeras reuniones; la otra parte es de pura tramitación administrativa y le compete a los técnicos, no le compete a un concejal de ningún partido, ni siquiera a la alcaldesa, ir a decir «cambio esta redacción jurídica que la quiero de otra manera», para eso están los técnicos municipales”. Con esta contundencia quiso zanjar ayer la alcaldesa, Clara Luquero, toda la polémica abierta en torno al pliego de condiciones que regirá la contratación del servicio de autobuses urbanos.
Según Luquero, esa parte fundamental es la que se refiere a las frecuencias, los itinerarios, las características de los autobuses, etcétera; temas todos ellos tratados en las reuniones previas a la redacción final del pliego, que no han cambiado sobre lo convenido en las mismas, dijo.
Añadió la alcaldesa que “la oposición tiene su derecho a consultar el pliego en el expediente, está a su disposición, pero para que lo consulten aquí [en el Ayuntamiento], lo que no pueden es llevárselo ni fotocopiarlo y llevárselo, eso no se puede hacer”, del mismo modo que tampoco se le ha facilitado al comité de empresa. Hasta que el pliego no esté aprobado no puede salir del Ayuntamiento, explicó la regidora, porque “no podemos arriesgarnos a que sea impugnado por alguna empresa”.
No irá al siguiente pleno Afirmó también Luquero que el pliego está terminado, únicamente a la espera de que llegue el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta de Castilla y León, “un documento no vinculante, pero sí preceptivo, que hay que esperar para incorporarlo al expediente”.
El plazo legal para que llegue dicho informe termina el 1 de septiembre —el pleno ordinario correspondiente al mes de agosto se celebrará en la mañana de mismo día 1—, “pero ha habido una conversación telefónica y sabemos que no va a llegar. Por distintas razones, este Consejo Consultivo no va a cumplir el plazo legal, pero intentará que lo tengamos lo antes posible”, dijo Luquero.
Por ello, el pliego tampoco se debatirá en el próximo pleno, añadiendo un mes más de retraso al ya acumulado, principal queja de los grupos de la oposición, que ven en esta dilación de los plazos una maniobra política, por la cual los nuevos autobuses comenzarán a circular en un periodo próximo a la campaña electoral.
Los nuevos autobuses Luquero negó la mayor: “¿Que me hubiera gustado que hubiera sido más rápido? Sí, claramente y rotundamente sí. ¿Que tiene algo que ver con fines electorales? No, claro, firme y contundente, porque lo que yo quiero es que el nuevo contrato y los nuevos autobuses estén aquí ya, cuanto antes”. Aunque no se atrevió a dar plazos para la llegada de los mismos.
Respecto a la petición de dimisión realizada por IU y UPyD – Centrados en Segovia al concejal de Tráfico, Transporte y Movilidad, Ramón Muñoz-Torrero, Luquero no le dio mayor importancia.
Ciudadanos afirma que pedirá responsabilidades políticas una vez aprobado el pliego
El grupo municipal de Ciudadanos no se había manifestado aún esta semana sobre el nuevo retraso en la aprobación del pliego de condiciones del Servicio de Transporte Urbano, que tampoco llegará a pleno en agosto, y lo hizo ayer a través de un comunicado de prensa.
En dicho comunicado, la portavoz del grupo, María José García Orejana, asegura que el retraso “se debe a la desidia y dejadez del equipo de Gobierno”, porque “están demostrando no tener cintura política ni capacidad de trabajar en equipo, dejando a un lado los intereses políticos para alcanzar un bien común para la ciudad”.
García Orejana insiste en que “el equipo de Gobierno ha mostrado su cara más oscura con el pliego de los autobuses urbanos y no se ha informado del estado del documento a la oposición en ningún momento” y añade que “lamentamos haber comprobado que a la falta de previsión y preocupación real se ha unido la falta de transparencia”.
“Creemos que esta falta de negociación e información tendrá como consecuencia problemas similares a los ocurridos recientemente con la plaza de interventor municipal”, dice García Orejana, para quien “nuestra prioridad es que se resuelva el grave problema y demos una solución al transporte urbano porque a día de hoy los perjudicados son los usuarios de transporte público”, aunque recuerda que, “una vez solucionado el conflicto, exigiremos que se depuren responsabilidades; es posible que existan negligencias o praxis no adecuadas”.
Por último, Ciudadanos “lamenta la falta de negociación e información sobre un documento que lleva quince meses de retraso”.
