El gasto del Ayuntamiento de Segovia en materia de Servicios Sociales ascendió en el último año a 77,45
euros por habitante y día, según los datos presentados por el concejal del área, Andrés Torquemada, quien insistió en negar los datos aportados al respecto por la portavoz del Grupo Municipal Popular (GMP), Raquel Fernández, la pasada semana.
A pesar de que ya entonces dijo que las cifras ofrecidas por los populares no eran reales, Torquemada quiso matizar los datos del Ayuntamiento. Primero, aseguró que “el estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España no menciona en absoluto a Segovia, es más, sólo aparecen dos ayuntamientos de Castilla y León, en situación de precariedad, con un gasto inferior a 50 euros, que son Zamora y Laguna de Duero, en Valladolid”.
Segundo, explicó que para hacer este cálculo hay que tener en cuenta todas las partidas del Presupuesto municipal, menos las que hacen referencia a temas financieros, “y las cifras que arroja este análisis son que, en el año 2015, nuestro Ayuntamiento estaría alrededor de 67 euros por habitante y año; y el año 2016, de 77,45 euros, por lo tanto una calificación de notable bastante alto (…) Creo que son unos datos de los que debemos sentirnos orgullosos”.
Además, añadió el concejal, “lo que hay que hacer es gestionar y cubrir bien las necesidades sociales, pues no porque haya más gasto quiere decir que haya mayor o mejor cobertura; lo que hay que hacer es gestionar bien los recursos y las prestaciones”.
Por último, reiteró no saber de dónde salen los datos aportados por Fernández, aunque “sólo me cabe pensar que se ha limitado a dividir la cuantía que nos concede la Junta de Castilla y León en virtud del acuerdo marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales, que ronda los 1,7 o 1,8 millones de euros, entre el número de habitantes —en 2015: 52.728; y en 2016: 52.257—, pero señora mía, esto no es real”, concluyó.
La alcaldesa, Clara Luquero, añadió que la portavoz del Grupo Popular “habría acertado si la Junta de Castilla y León, que es la administración que tiene las competencias en Servicios Sociales, asumiera el gasto correspondiente (…) pero los ayuntamientos estamos financiando a la Junta para que cumpla con sus competencias, que no son las nuestras, y los datos [que maneja el GMP] no son verdad”.
