Aunque no hay una decisión oficial tomada desde el Ayuntamiento, y a casi quince días de que expire el plazo marcado por el Gobierno para que los municipios se sumen al acuerdo firmado con la FEMP para el préstamo al Estado de sus remanentes de tesorería, en Segovia todo parece indicar que el equipo de Gobierno municipal optará por ceder sus ahorros conforme a las estipulaciones marcadas por el Real Decreto Ley que regulará esta iniciativa, tal y como adelantó hace algunos días este periódico.
La lógica cautela ante una norma legal que aún tiene que ser convalidada por el Congreso de los Diputados impide tomar una decisión definitiva, según explicó ayer la alcaldesa Clara Luquero. Además, se han solicitado informes a Intervención y Tesorería “para conocer todos los detalles”, según explicó Luquero, que añadió el hecho de que el decreto “aún no ha sido convalidado por el Congreso, donde se producirá un debate y una negociación que puede suscitar aún cambios en el actual marco legal, por lo que habrá que ver en que queda todo esto”.
Pese a ello, dejó entrever la predisposición favorable del equipo de Gobierno a la cesión de los remanentes, ya que en su opinión “ la alternativa es cumplir la ‘Ley Montoro’ y dejar el dinero en el banco muerto de risa sin que beneficie a los ciudadanos”. Así, señaló que si el Ayuntamiento decide aportar sus remanentes, Segovia recibiría en los dos próximos años cerca de dos millones de euros a fondo perdido “en el peor de los casos, dependiendo de cuántos ayuntamientos decidan incorporarse”, y en los diez años siguientes iría recibiendo los cerca de seis millones de euros del fondo municipal aportado en cantidades anuales “que podríamos gastar en proyectos para la ciudad.
De igual modo, señaló que el decreto contempla otros aspectos positivos para los ayuntamientos, como la posibilidad de no computar en los presupuestos municipales la regla de gasto durante un año, lo que posibilitaría más inversiones, así como el acceso a fondos de ayuda para el transporte para compensar el déficit de la explotación. Sobre este último aspecto, la alcaldesa indicó que estos fondos son importantes para hacer frente al esfuerzo realizado desde el transporte público durante la pandemia, que experimentó en los meses más duros una caída de viajeros que pasó de los 12.000 a los 300 diarios.
‘Cerrojazo’ definitivo a la participación
en el Forum de Sindics de Cataluña
El Ayuntamiento de Segovia ya no pertenece de forma oficial al Forum de Sindics y Defensores Locales de Cataluña (Forum SD), cuya baja se hizo efectiva en la asamblea celebrada el pasado 20 de julio, y de la cual tuvo ayer conocimiento oficial el municipio en la Junta de Gobierno local.
La alcaldesa Clara Luquero dio cuenta de esta decisión, que pone fin a un episodio que salió a la luz el pasado mes de junio, cuando desde VOX se denunció el pago de la cuota de pertenencia a esta asociación que defendía postulados próximos al independentismo catalán, a la que el Ayuntamiento contribuía con 1.294 euros.
Luquero explicó que la baja es efectiva con efectos retroactivos desde el pasado 24 de junio, y que la factura con la cuota anual ha sido anulada, circunstancias que ya han sido puestas en conocimiento de la Defensoría de la Ciudadanía, institución a través de la cual el Ayuntamiento había formalizado su inscripción. La vinculación del Ayuntamiento de Segovia y de la Defensoría local con el Fórum de Sindics se remonta a 2008, cuando a petición del entonces defensor, José García Velázquez, la institución pasó a formar parte de la organización catalana en busca de asesoramiento y formación, y se ha mantenido con los sucesivos defensores.
“Todo lo necesario” para la seguridad
en las aulas
El inminente comienzo del curso escolar sigue generando dudas en la comunidad educativa acerca de la aplicación de los protocolos para garantizar la seguridad sanitaria a alumnos y profesores. Desde su responsabilidad en materia de limpieza de los colegios, el Ayuntamiento aseguró que hará “todo lo necesario” para hacer posible el comienzo de curso de forma presencial, pero reconoció que esto supone un sobrecoste de 50.000 euros mensuales para las arcas municipales, cuando las ayudas que la Junta de Castilla y León ha habilitado a tal fin apenas cubren 10.000 de los 50.000 euros antes citados.
Asimismo, señaló que se ha creado un grupo de trabajo para analizar la seguridad en la entrada y salida de los centros educativos, ya que la Policía Local no cuenta con recursos suficientes para asumir la gestión en los 15 colegios e institutos de la capital, y señaló que a la hora de decidir “estamos atados de pies y manos hasta que no conozcamos las decisiones del Gobierno regional”.
