El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva estaría negociando la posibilidad de entregarse a la Policía, una vez sobrepasado el plazo que le dio el juez Sergio Moro para que se presentara ante las autoridades.
El senador Joao Capiberibe ha detallado que «la intención no es cumplir a cualquier coste, sino cumplir con la orden de la mejor forma, con tranquilidad», ha dicho, según ha recogido el diario local ‘Estadao’.
Lula permanece dentro de la sede del Sindicato Metalúrgico ABC, en Sao Bernardo do Campo, en cuyos alrededores permanecen cientos de seguidores que han acudido a expresarle su apoyo.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha rechazado en la tarde de este viernes el ‘habeas corpus’ presentado horas antes por el exmandatario, en un último intento por evitar su inminente ingreso en prisión para empezar a cumplir los doce años de cárcel a los que fue condenado por corrupción.
La entrada en prisión de Lula es inevitable desde el miércoles, cuando el Tribunal Supremo Federal (STF) rechazó, por seis votos frente a cinco, un primer ‘habeas corpus’ con el que Lula pretendía eludir su encarcelamiento, alegando que debía permanecer en libertad hasta que agotara todos los recursos posibles contra la sentencia condenatoria.
Lula ha abierto además una nueva vía al solicitar al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vigila el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que pida al Gobierno brasileño que suspenda su entrada en prisión hasta que haya sido escuchado en todas las instancias judiciales posibles.
Moro, que fue quien condenó a Lula en primera instancia, ha dado de plazo al líder izquierdista hasta las 17.00 (hora local) de este viernes para entregarse voluntariamente a la Policía Federal de Curitiba (Paraná). Lula ya había avanzado que no lo haría.
En este contexto, la Secretaría de Seguridad Pública y Administración Penitenciaria de Paraná ha indicado que, si bien no hay un protocolo especial para la detención de Lula, «la Policía Militar está plenamente preparada, como siempre, para actuar de forma eficiente y profesional ante eventuales manifestaciones».
Lula ha sido condenado por el juez federal y por un tribunal regional –en segunda instancia– a doce años de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos.
El ex dirigente sindical ha agotado prácticamente la segunda instancia y solo le queda acudir a los altos tribunales –el STF y el STJ– para revertir la condena. Una vez firme, la sentencia impedirá que pueda competir en las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
Hasta entonces, Lula podrá intentar inscribirse y, en caso de que no se lo permitan, podrá acudir al Tribunal Electoral para que decida. Si consiguiera finalmente el estatus de candidato, el proceso judicial seguiría su curso. Y, si finalmente la Justicia da la razón a Moro, los votos que haya recibido serán anulados.
