Jarro de agua fría para la izquierda abertzale y para los promotores -y seguidores- de la rimbombante Conferencia de Paz de San Sebastián, que fue el preludio del comunicado del cese definitivo de la lucha armada por parte de ETA el 20 de octubre pasado. La Comisión Internacional de Verificación (CIV) anunció ayer que ha mantenido «contactos directos» con la organización criminal en los que la banda manifestó su compromiso con el alto el fuego. No obstante, estos mediadores concluyeron que los terroristas «siguen cometiendo actos ilegales como la falsificación y el mantenimiento de arsenales», al tiempo que advirtieron a éstos de que «la posesión continuada de explosivos y armas puede dar lugar a situaciones potencialmente peligrosas».
En un comunicado, este organismo, cuya autoridad ha sido continuamente rechazada por el PP y UPyD, señaló que esta semana se ha reunido con representantes del PSE-EE, PNV, izquierda abertzale, UGT, CCOO, ELA, LAB y Confebask, así como la Iglesia y autoridades del País Vasco.
Este grupo sostuvo que recibió información de que «han cesado los asesinatos, atentados, agresiones, amenazas y extorsiones» desde que ETA declaró un alto el fuego el 8 de enero de 2011, y anunció el fin definitivo de la violencia el 20 de octubre de 2011. A su juicio, la banda «no tiene intención alguna de cometer u organizar actos de terrorismo o violencia en el futuro».
No obstante, indicó que esta organización «sigue siendo clandestina y armada» y, «como tal, sigue cometiendo actos ilegales como la falsificación de documentos y el mantenimiento de arsenales». Eso sí, «no están necesariamente relacionados con la preparación de actos violentos». Además, indicó que, a través de contactos directos, los terroristas se comprometieron a cumplir su palabra, si bien le han recomendado a sus miembros que no vayan armados, como sucedió en las últimas detenciones en Francia, que fue condenada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a indemnizar con 5.000 euros a cada uno de los cinco etarras que, a juicio de esta instancia, estuvieron en prisión provisional más tiempo del que prescribía la ley.
Pasividad
Por otra parte, 24 horas antes de que el lehendakari, Patxi López, se vea hoy con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle más flexibilidad en la política penitenciaria, se supo que el PSE ha presentado varias enmiendas relacionadas con el final de ETA a la ponencia marco que aprobará el 38 Congreso Federal del PSOE en las que asegura que «la presencia normalizada de la izquierda abertzale en las instituciones» no le da «miedo, sino moral», al tiempo que insta al líder del PP a que aparque «la pasividad de la que es devoto porque no vale para consolidar la paz».
Moncloa sigue recibiendo día sí día también presiones para que ceda y acerque más reclusos a Euskadi. El último en hacerlo fue el Defensor del Pueblo Vasco, que fue duramente criticado por UPyD. El parlamentario regional Gorka Maneiro manifestó: «Trata de empujar a los ciudadanos a tener mayor compasión por los verdugos que por las víctimas, a las que tiene olvidadas. En la política penitenciaria hacia los presos de ETA no hay restricción de derechos, como dijo. Igual cree más a los proetarras que al Estado de Derecho».
Desde Madrid, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció que se reunirá en próximas fechas con asociaciones de víctimas de ETA. Seguro que el exalcalde de Madrid tiene ante sí una patata caliente mañana, ya que el Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Bildu, ha tolerado que se haga un homenaje en el Teatro Victoria Eugenia al escritor y político vasco Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi, que fue el fundador de la banda asesina y, posteriormente, de Herri Batasuna.
