El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado el recurso interpuesto por el Estado contra el decreto de la Junta de Castilla y León que establece el procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos desarrollados sobre espacios de la Red Natura 2000.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL (Sala de Valladolid), según recoge la sentencia dictada el pasado 26 de diciembre, declara nulo varios preceptos que infringen la legislación básica del Estado, que en esta materia ha fijado unos contenidos mínimos que deben ser respetados por las comunidades autónomas, y que «vulneran, desde el punto de vista formal, el principio de jerarquía normativa respecto a la Constitución y de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad», según se informa desde Tribunal Superior.
Además en el fallo, también se argumenta que uno de los apartados de la norma declarado nulo es el que permitía a la Junta excluir a determinados proyectos de la realización del estudio de impacto ambiental, «cuando la decisión de efectuarla no es discrecional, sino que debe garantizarse un análisis en profundidad del plan, programa o proyecto acorde con los objetivos de conservación establecidos para el lugar de que se trate».
Este decreto fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta en febrero de 2011 y en el mismo se establecía que los proyectos, programas o planes que se desarrollen en zona Red Natura 2000 deberán contar con un informe preceptivo de evaluación sobre sus repercusiones para reforzar su protección. Entonces, desde la Consejería de Medio Ambiente se aseguraba que el objetivo era conseguir la compatibilidad entre el desarrollo y la conservación de estas áreas, con el fin de garantizar la biodiversidad por medio de la protección de los hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestre.
Contactos
En este sentido, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, apuntó que ya trabajan con el Ministerio para «solventar» las diferencias que motivaron el recurso del Estado Asimismo, añadió que los contactos con el Ministerio se iniciaron incluso antes de que se conociera la sentencia.
También, el consejero de Fomento indicó que los servicios jurídicos y técnicos están estudiando el fallo de la sala de lo contencioso-administrativo. También, Antonio Silván aseguró que la Junta respeta y acata la sentencia que afecta al decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta en febrero de 2011. Establecía que los proyectos, programas o planes que se desarrollen en zona Red Natura 2000 deberían contar con un informe preceptivo de evaluación sobre sus repercusiones para reforzar su protección. Entonces, la Consejería aseguró que el objetivo era conseguir la compatibilidad entre el desarrollo y la conservación de estas áreas, con el fin de garantizar la biodiversidad por medio de la protección de los hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestre.
