Pocos expertos se tomaron demasiado en serio las amenazas de los piratas somalíes cuando prometieron asesinar en 72 horas a tres de los 36 marineros del pesquero Alakrana si no se les entregaba a sus dos compañeros presos en España, puesto que su única pretensión es lograr el mayor botín posible y cualquier acto de violencia cercenaría una solución negociada.
No obstante, antes de que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, anunciara ayer tarde que Patxi Valdés, primer oficial del buque; Antonio Manuel Pérez, electricista, y el marinero Joaquín Fernández habían vuelto al atunero después de que el jueves fueran conducidos a tierra, las presiones sobre el Gobierno se habían convertido en casi insoportables por parte de los familiares de los pescadores, que, tras acusar al Ejecutivo de estar «perdido» a la hora de gestionar la crisis, exigíeron a Madrid que hiciera dejación de todas las leyes y cediera a las exigencias de los corsarios de manera inmediata. Tan ciega era la angustia de los allegados, que llegaron a echar sobre los hombros del Ejecutivo la responsabilidad ante los hipotéticos asesinatos.
Por fortuna, las más que probables gestiones diplomáticas, que quizá hayan pasado por elevar la cantidad a pagar por la liberación, desactivan de momento esa temible posibilidad y devuelven el caso a una situación menos angustiosa, aunque todavía lejos de su conclusión.
Así lo explicó Moratinos, que, sin dar más detalles, comentó que fue el primer ministro somalí, Omar Abdirashid Ali Sharmarke, quien comunicó al embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, la noticia sobre los tres tripulantes, que «están bien». No obstante, dejó claro que «sería irresponsable anunciar una fecha para decir que estamos en la fase final, puesto que los secuestros son difíciles» Como colofón, lanzó un mensaje a las familias, a las que pidió «tranquilidad» y «confianza» en las gestiones del Gobierno.
Nada explicó, sin embargo, sobre la reclamada liberación de los dos arrestados, una cuestión que también había abordado horas antes su jefa, la vicepresidenta De la Vega, que se limitó a comentar que ese «es un tema que corresponde al ámbito judicial y que resulta jurídicamente muy complicado», aunque «se está estudiando».
No parece que haya mucho que analizar, puesto que las propias asociaciones de jueces consideraron «prácticamente imposible» encontrar una respuesta legal. De hecho, desde la propia Audiencia Nacional se explicó que una posible solución pasaría por que una de las partes personadas, la Fiscalía o la defensa de los piratas, planteara una cesión de jurisdicción en favor de Kenia. Otra opción, si bien harto improbable, sería que el Ministerio Público retirara la acusación por falta de pruebas. Desde luego, tan alambicados trámites requerirían de semanas, si no meses, lo que, en la práctica, los convierte en inviables.
Tales dificultades fueron también puestas de relieve por el PP, que consideró que es «muy difícil» jurídicamente extraditar a los arrestados y advirtió de que, aunque se les entregue, «no es seguro que se haya cubierto ya el pago».
Poco les importan tales matices a los familiares, que exigieron a las «instituciones competentes» que liberen «inmediatamente» a los dos piratas, porque, de lo contrario, «están poniendo en riesgo la vida» de sus allegados».
