El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas (con la reforma laboral del Gobierno, en vigor desde el 12 de febrero de 2012, ya no hace falta autorización) aumentaron un 4,1% hasta marzo en comparación con el mismo período del año pasado.
En concreto, un total de 112.752 trabajadores se vieron afectados por un ERE en los tres primeros meses del año, en contraste con los 108.288 que estuvieron implicados en una regulación de empleo durante el mismo período de 2012, según los últimos datos que constan en el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo.
Tras incrementos de dos cifras en los meses anteriores, los datos de regulaciones comienzan a estabilizarse tras cumplirse un año estadístico desde la puesta en marcha de la reforma laboral.
No obstante, en las cifras correspondientes a los tres primeros meses del año no está recogida la información relativa a los procedimientos de ámbito provincial y autonómico de Cataluña, por no haberse recibido dicha información a la fecha de cierre de la estadística.
En el primer trimestre de este año, dichos expedientes autorizados/comunicados aumentaron un 2,1% en comparación con el mismo lapso de tiempo de 2012, hasta sumar 8.415, frente a los 8.240 de un año antes.
Los ERE en los que se alegaron aplicación de medidas económicas se incrementaron un 64,4% en el primer trimestre de 2012, hasta sumar 5.996, el 71,2% del total registrados en el período.
Por causas técnicas se autorizaron 112 expedientes, un 25,8% más que un año antes, mientras que por razones organizativas o de producción se registraron 2.202 expedientes, con un descenso interanual del 6%. Por fuerza mayor hubo 105 ERE, un 32,7% menos que en el primer trimestre de 2012.
La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.
No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un tiempo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho período de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.
La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.
Repuntan los pactados
Del total de expedientes autorizados/comunicados hasta marzo, 7.861 fueron pactados con los representantes de los trabajadores, un 2,7% más, mientras que los no acordaron descendieron un 5,8%, hasta sumar 554 expedientes.
De acuerdo con los datos de Empleo, los acordados afectaron a 97.891 trabajadores, un 2,3% más, en tanto que los no pactados englobaron a 14.861 trabajadores, un 17,6% más que en el primer trimestre de 2012.
Los de extinción (despidos colectivos) se incrementaron un 5,9% en los tres primeros meses, hasta sumar 1.426 expedientes, mientras que los de suspensión temporal descendieron un 7,7%, hasta los 3.681, y los de reducción de jornada aumentaron un 13,8%, situándose en 3.308 expedientes.
Así, entre enero y marzo, los de suspensión suponían el 43,7% de los expedientes comunicados/autorizados y los de reducción de jornada un 39,3%, mientras que los despidos colectivos sumaban el 16,9%.
Por su parte, los trabajadores afectados por ERE de extinción bajaron un 1,3% hasta marzo, con 19.617 personas, mientras que los de suspensión temporal aumentaron un 7,6%, hasta los 70.767, y los de reducción de jornada descendieron un 1,1%, situándose en 22.368 empleados.
La mayor parte de los ERE autorizados hasta marzo provenían del sector servicios e industria.
