En septiembre comenzó el curso escolar 2015-2016. Hace ya más de dos meses que cada día, cientos de estudiantes de la provincia se desplazan desde sus municipios hasta las localidades en las que acuden a clase, gracias al trabajo que realizan taxistas y conductores de autobús.
Y también desde entonces llevan estos profesionales sin recibir sus retribuciones por parte de la Junta de Castilla y León, según denuncian algunos de ellos. Ni taxistas ni empresas de transporte escolar han cobrado aún lo que se les adeuda por el trabajo realizado en los meses de septiembre y octubre, estando ya a finales del mes de noviembre.
Esta situación complica la vida personal de muchos de estos profesionales, sobre todo los taxistas rurales, ya que, según denuncia uno de los afectados, “a nosotros nos obligan a cumplir con muchos trámites, como revisiones especiales, que es algo normal porque llevamos a niños, a estar al día con Hacienda, a pagar nuestro sello de transporte público… pero no nos pagan”, lo cual, afirma, hace que sea muy complicado poder mantener el servicio, porque ellos tienen gastos fijos, como llenar el depósito de gasolina, para poder cumplir con los viajes.
Cada uno de los profesionales tiene su propio contrato con la Administración regional, en el que se establece la ruta que debe cumplir, con el kilometraje y los niños que lleva en cada viaje, por lo que cada uno tiene estipulado de antemano lo que va a percibir por servicio. Sin embargo, critican algunos de los afectados, “no se dice que vayamos a cobrar a 30, 60 o 90 días, algo que deberían decirnos, para que cada uno se haga su composición, se organice y decida si puede cumplir con el trabajo o no le interesa”.
Y es que, añade, “si los presupuestos están aprobados de un año para otro, ¿dónde está nuestro dinero?”, porque “es lo único que queremos, insisto, el dinero que corresponde a lo que hemos trabajado”.
Respecto a las posibles reclamaciones oficiales ante la Junta, señala que los afectados aún no han presentado ninguna, por temos a represalias, ya que, dice, “somos muchas las familias que vivimos de esto y nos afecta la situación, pero no queremos perder los contratos”.
Además, añade que los taxistas rurales cuentan con el hándicap añadido de que no pueden trabajar en Segovia capital, pues pueden enfrentarse a multas de hasta mill euros si cogen clientes en la ciudad. “No nos dejan trabajar”, afirma, “estamos muy limitados, a pesar de que pagamos los mismo impuestos, porque en los pueblos es muy raro que alguien te llame para pedir un taxi”, lo que hace que para ellos sea imprescindible cobrar las facturas pendientes de la Administración pública.
Las empresas de autobuses que cumplen con las rutas escolares en la provincia se encuentran con la misma situación, sin embargo, desde Asetra, Gerardo Salgado asegura que “la situación no es tan grave, es decir, la Administración avisa de que pagará 15 días después del mes vencido, por lo tanto sí que llevamos un poco de retraso [las facturas de septiembre deberían haberse abonado en en la segunda quincena de octubre], pero es algo que sucede en el ejercicio normal burocrático”.
Además, añade que es algo que suele suceder al inicio de cada curso, “es una cuestión de ajustes. Esto está dentro de la normalidad y hay que tener un poco de paciencia hasta que la cosa se estabilice y se regule”, pues, recuerda sobre todo al sector de los taxistas, “este no es un servicio que se cobre nada más realizarse, como sucede con los taxis normalmente”. Por ello, afirma que “como colectivo no tenemos queja ni incertidumbre, porque confiamos en que se van a pagar los servicios”.
Por último, Salgado invita a los afectados a presentar ante la Administración las quejas que consideren oportunas, ya que, de momento, no se ha presentado ninguna reclamación oficial.
