Medio centenar de empleados públicos de la Junta de Castilla y León se manifestaron ayer en la plaza de la Reina Doña Juana y otros tantos ante los centros sanitarios de la capital, convocados por los sindicatos CCOO, CSIF, SATSE y ANPE, para reclamar la recuperación de los “derechos arrebatados” durante el último periodo.
Estas organizaciones han formado una unidad de acción para conseguir que la Junta cumpla con el decreto aprobado por el Gobierno nacional por el que los empleados públicos, los del Estado, ya han empezado a percibir derechos “robados” como los días canosos, moscosos y la paga extra de 2012. “En cambio a nosotros nos lo dejan supeditado a la insuficiencia presupuestaria”, denunciaba ayer en la movilización Marcos Tarilonte, de CCOO.
Mientras los trabajadores se movilizaban en la calle, sus representantes sindicales negociaban con los responsables de la Junta la oferta realizada por el Gobierno Autonómico, que establece “la retirada progresiva de las medidas derivadas de las restricciones presupuestarias de la crisis con respecto a la normativa básica estatal”. Para ello han propuesto negociar a lo largo de este mes un acuerdo que fije plazos para la devolución del 75 por ciento de la paga extraordinaria de 2012; negociar la ampliación de los días de libre disposición y antigüedad sin que ello implique sustituciones y reclamar de forma inmediata y de manera conjunta al Gobierno Nacional la recuperación de la jornada de 35 horas y el pago del cien por cien de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales.
Por su parte, la contrapropuesta sindical establece, por un lado, que la devolución de la paga extra se realice un 26,23 por ciento este año y el resto en el primer semestre de 2016. En cuanto a los días de libre disposición, plantean que el disfrute se prolongue durante 2016 y que los de antigüedad se reconozcan al profesorado, al igual que los disfrutan el resto de empleados públicos. También entienden que la aplicación de estos derechos será a la firma del acuerdo, “entendiendo los firmantes que su efectividad está supeditada a la norma estatal que los restituya”.
Los empleados públicos autonómicos consideran que la Junta de Castilla y León está haciendo una “discriminación”hacia sus trabajadores, “ya que tenemos los mismos derechos que los del Estado”, afirmaba ayer Mercedes Hernández, de CSIF. “Hay comunidades que también están aplicando el decreto a nivel nacional y no entendemos porqué la Junta maltrata de esta manera a sus trabajadores. Nos lo quitaron todo de un plumazo, pues ahora que nos lo devuelvan de la misma manera”, apuntó.
Las organizaciones sindicales han anunciado que si no hay acuerdo con la Junta de Castilla y León establecerán un calendario de movilizaciones en toda la comunidad.
