Los sindicatos CCOO y UGT, apoyados por otras organizaciones, partidos y colectivos sociales, han convocado a todos los trabajadores de Castilla y León a participar hoy en una huelga general contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno central que cuenta con el rechazo de los empresarios y del PP, a la par que presentaban el recurso contra los servicios públicos de la Junta por «abusivos» y por ser superiores a los de días festivos.
Unos 10.000 miembros de los dos sindicatos mayoritarios integrarán hoy los piquetes informativos que se formarán a lo largo de toda la jornada en Castilla y León para informar sobre la huelga y apoyar a aquellos trabajadores que tengan dificultades para ejercer este derecho, en especial en las pymes «donde la amenaza del empresario es más fuerte», según informaron fuentes sindicales.
Por su parte, la Delegación del Gobierno anunció que la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la jornada será «más acentuada de lo habitual» en los centros del transporte, de enseñanza, sanitarios, asistenciales y de distribución de productos de primera necesidad, así como en los polígonos industriales y en las sedes de los medios de comunicación, para que se pueda compatibilizar el ejercicio de los derechos constitucionales a la huelga y a la asistencia al puesto de trabajo, así como garantizar a los ciudadanos sus servicios esenciales. El dispositivo de seguridad será similar al puesto en marcha durante la huelga general de hace dos años.
Los líderes de CCOO y UGT, Ángel Hernández y Agustín Prieto, garantizaron ayer el derecho de quienes vayan a la huelga y quienes decidan trabajar, y rechazaron que los sindicatos presionen o coaccionen a los trabajadores para no ir a trabajar. «Quien presiona para que la gente no haga huelga son los empresarios», opinó Hernández. Además, hicieron un llamamiento a todos los trabajadores y a los pequeños comerciantes para que secunden la protesta porque la reforma laboral «va con todo el mundo». Sin embargo, el presidente de la patronal Cecale, Jesús Terciado, advirtió de que los empresarios van a ser «activos para que la huelga no tenga éxito» y recomendarán que se abran los negocios y se inste a los empleados a acudir al trabajo. De la misma manera, solicitó la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar cualquier incidente que trate de dificultar o impedir el ejercicio del derecho al trabajo.
Terciado tildó la huelga de «inoportuna» e «injusta» y recordó que al Gobierno anterior, que arrastraba «cinco años de crisis» y «cinco millones de parados», los sindicatos tardaron siete años en convocarle un paro general.
Polémica.- Los sindicatos lamentaron que el Ejecutivo autonómico no haya querido llegar a un acuerdo con ellos sobre los servicios mínimos, y acusaron a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, de «prepotencia».
Sin embargo, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró tras el Consejo de Gobierno del pasado jueves que habían «intentado» llegar a un acuerdo sobre la cuestión pero que no lo habían «conseguido», y recordó que estos servicios mínimos son inferiores a los del último paro general.
