Al tiempo que el líder del PP, Mariano Rajoy, acusaba al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de haber dado un «estacazo a los más débiles» con su plan de recorte del gasto público y las prestaciones sociales, los sindicatos continuaron ayer su lento desperezar tras más de un lustro dormidos a la sombra de los Ejecutivos socialistas. Por supuesto, el tránsito que les llevará a abandonar el colaboracionismo incondicional con el PSOE para retomar su casi olvidada misión de defender a los trabajadores no es, ni mucho menos, automático y requiere de un período de transición durante el que, como explicaba ayer el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, están «trabajando ya como si este país fuera a vivir una huelga general». No obstante, quizá a la espera de que se rompa también la barrera de los cinco millones de parados, el dirigente de Comisiones todavía no parece completamente decidido, puesto que la amenaza se quedó nuevamente en un amago. Toxo, seguramente temeroso de tener que enfrentarse de verdad con los socialistas, advirtió de que la materialización de la protesta «depende del Gobierno».
El teóricamente líder obrero explicó que la hipotética movilización pretende «evitar que el daño que las medidas aprobadas el jueves y otras que puedan llegar en el futuro se materialicen y lastren la evolución de la economía española con efectos sociales perversos».
En todo caso, señaló que, tanto su sindicato como UGT, van «a seguir apostando por el acuerdo». «Vamos a trabajar por mantener un clima de unidad de acción permanente imprescindible en este período, y si es el caso, en el momento adecuado decidiremos otro tipo de movilizaciones de mayor intensidad», señaló Toxo.
«La quiebra de confianza se está consolidando y se está instalando entre nosotros, el Gobierno tiene perdida la confianza de la mayoría de la ciudadanía española, y creo que esto va a derivar en el establecimiento de un clima de confrontación social importante», auguró acto seguido el jefe de CCOO.
El ‘diablo’ financiero
Ya con la vista puesta en el conjunto de la UE, el sindicalista proclamó que se ha producido «un retroceso democrático importante», porque «Europa no ha sabido responder a la presión de los especuladores financieros, y, probablemente, éstos vuelvan a imponer la exigencia de nuevos recortes».
Curiosamente, ante la inacción de los sindicatos, tuvo que ser el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien ayer enarbolara la bandera de los menos pudientes al afirmar que las medidas de ajuste del Gobierno «son un estacazo al débil, al que no puede defenderse» y anunció que el principal partido de la oposición no apoyará tales iniciativas.
El conservador avisó de que no dará su voto para que salga adelante la subida de impuestos y la congelación de las pensiones que impulsa el Ejecutivo, y propuso como alternativa «adelgazar la Administración» suprimiendo varios ministerios y fusionando otros. A su juicio, sobran Vivienda e Igualdad, así como la Vicepresidencia Tercera, mientras que Educación y Cultura y Sanidad y Trabajo deberían convertirse en dos departamentos.
De igual modo, Rajoy instó a «presentar una Ley autorizando a las comunidades autónomas a que privaticen las televisiones públicas» para que se aplique en las regiones que se estime oportuno. También se puede suprimir «un sinfín de organismos administrativos», señaló el popular, que puso como ejemplo Andalucía, donde existen 317 empresas públicas.
reformas estructurales. «Pero sobre todo, lo que hay que hacer de verdad es generar riqueza y empleo. Primero una reforma integral de la Administración, que se puede, se debe y se tiene que hacer, porque la Administración gasta lo que no está en los escritos, y se debe reestructurar el sistema financiero ya», explicó previamente a reclamar que se produzca una reforma fiscal y que concluya la reforma laboral.
«No conozco un caso de travestismo tan espectacular como el de Rodríguez Zapatero», que cambia de opinión constantemente en materia económica, declaró el conservador antes de denunciar que las medidas contra el déficit han convertido a España «en un protectorado de Europa» y criticó que el inquilino de Moncloa haya «impuesto sacrificios injustos a millones de españoles que no tienen la culpa de sus errores», sentenció.
Mientras tanto, en unas declaraciones que asustan, la ministra de Economía, Elena Salgado, eludió concretar qué impacto tendrá sobre el empleo el plan de ajuste y se limitó a asegurar que no se alcanzarán los cinco millones de parados. «Seguramente que no», fueron sus palabras textuales en lo que bien podría anticipar la pronta superación de una cota que no hace demasiado tiempo se hubiera antojado surrealista.
