Los sindicatos de la enseñanza pública convocaron ayer tres días de movilizaciones nacionales contra los recortes educativos, con una concentración delante del Ministerio de Educación el próximo 14 de septiembre, una «jornada de lucha» el 22 y una «gran marcha» el 22 de octubre en Madrid.
Los líderes de las organizaciones laborales FE-CCOO, FETE-UGT, ANPE, STES y CSI-F apoyan, además, las protestas autonómicas de aquellas comunidades afectadas por el incremento de la carga lectiva: Madrid y Galicia, Castilla-La Mancha, Navarra y Cataluña.
Los sindicatos aprovecharán la asistencia de los directores generales de todas las autonomías a la Comisión General de Educación del día 14 en la sede ministerial para expresar sus reivindicaciones.
El día 20, en que se prevé la «jornada de lucha» en defensa de la escuela pública y su profesorado, es el de «inauguración oficial» del curso 2011-2012, explicó el secretario de FE-CCOO, José Campos.
Para entonces se prevén concentraciones y asambleas informativas en todas las autonomías. Movilizaciones, que podrían continuar después según evolucione la situación, y que se rematarán con una manifestación en Madrid.
Estos actos de protesta son «una llamada de atención» a toda la sociedad, a todas las comunidades autónomas, comentó el secretario general de FETE-UGT, Carlos López Cortiñas.
Los sindicalistas coincidieron en no convocar una huelga nacional de la enseñanza porque la situación es distinta en cada región y los recortes de profesorado no se están aplicando en todas ellas.
Sin embargo, Campos advirtió que se convocaría una si el incremento lectivo se extiende a todo el país, que costaría unos 50.000 empleos, aproximadamente, manifestó. Así, el presidente de Enseñanza de CSIF, Eliseo Moreno, apostilló: «No descartamos nada».
Campos insistió en que se está produciendo la «mayor reducción» financiera de la educación de la democracia, en un «ataque brutal» contra la escuela pública cuando aumenta el número de alumnos, y la mismo tiempo, baja el de profesores.
El portavoz de STES, Augusto Serrano, aseveró que esta «agresión» es solo contra la escuela pública, mientras que favorecen a colegios religiosos.
Según calculan las organizaciones sindicales, las consejerías de Educación prescindirán de entre 13.000 y 15.000 enseñantes contratados en las comunidades citadas por el incremento del horario lectivo en la educación obligatoria, equivalente a un 10 por ciento aproximadamente del «cupo de docentes», lo que se une a la «pérdida» que ya supuso limitar la tasa de reposición del profesorado al 30 por ciento este año, según la Ley de Presupuestos Generales del Estado, recordó el presidente de ANPE, Nicolás Fernández.
