Los seguros agrarios que se han suscrito a partir del pasado 1 de septiembre han experimentado una subida a efectos de la prima que deben pagar los agricultores que puede oscilar entre un 15% y hasta un 20% según los datos manejados por las organizaciones agrarias. Este incremento respondería, tanto a la reducción de los fondos aportados por la Administración central, como por los que se han recortado en mayor o menor medida en cada una de las comunidades autónomas.
Actualmente, uno de los problemas más importantes que arrastra esta política es su implantación desigual según zonas y cultivos. El objetivo del Gobierno es avanzar para, no solo incrementar el número de afiliados, sino también para hacerlo en aquellas líneas poco solicitadas donde destacan los cultivos de invernadero.
El seguro ha sido siempre como la niña mimada del Ministerio de Agricultura a la hora de las asignaciones presupuestarias en cada plan. Pero, en este momento, tampoco se ha podido librar de los recortes. Frente a unos fondos para compensar primas y gastos de funcionamiento que llegaron a casi a los 300 millones de euros, los 282 millones del ejercicio anterior se han quedado en 2012 en solo 252 millones para los seguros que se suscriban desde el pasado uno de septiembre, de los que 246 son para compensar el pago de las primas y el resto para gastos de funcionamiento, según decisión adoptada por el Ejecutivo el pasado mes de agosto.
Con esos 246 millones, Agricultura tiene que hacer frente a las subvenciones que se han venido concediendo hasta la fecha para rebajar el importe a pagar por los agricultores o ganaderos. Pero la Administración se ha dado cuenta de que con esos fondos no podía hacer frente a los actuales porcentajes de subvenciones.
Esta situación se ha producido por varias razones. Primero, porque el Ministerio tiene un techo de gasto marcado por Economía que, en ningún caso, puede rebasar.
Segundo, por la mayor demanda de seguros. El Gobierno viene reiterando en los últimos años que, en caso de una situación catastrófica como los incendios, las ayudas excepcionales que concedan solamente irán a parar a quienes tuvieran suscrito el acuerdo que exista para esa producción. Quien no firme no cobra. Estamos, además, en un año con un elevado índice de siniestralidad que se ha visto perjudicado por las heladas y la sequía, lo que se ha traducido también en una mayor demanda de pólizas y de mayores coberturas por los incrementos de los precios de los productos.
Esta situación, con el incremento de los capitales asegurados, según las estimaciones de la Administración, iba a suponer que los 246 millones se quedaban cortos para mantener los actuales niveles de subvenciones. Y la salida elegida ha sido una rebaja en los niveles de ayuda para el pago de las primas.
Los recortes son diferentes para cada una de las pólizas y para cada tipo de módulo.
Los problemas para los seguros agrarios por la decisión adoptada desde la Administración se han agravado, además, por los ajustes aplicados igualmente por algunas comunidades autónomas, como son los casos de Castilla y León, Murcia o Extremadura. Cabe señalar que, frente a los 280 millones aportados en la campaña anterior por el Ministerio de Agricultura, desde las regiones se concedieron en el mismo período otros 120 millones de euros. De la subvención media global para los seguros agrarios superior al 50%, la aportación de las autonomías suponía un mínimo del 20% .Esas ayudas también han desaparecido o se han recortado.
De acuerdo con todos estos factores que están incidiendo en la contratación de los seguros agrarios, el montante de las primas a pagar por el asegurado pueden oscilar en una subida de entre 15% y el 20% para el sector agrario.
