Las peticiones que los familiares de los presos realizaron el sábado marchando por las calles de Bilbao y que reclamaban amnistía para los reclusos de la banda terrorista ETA y el acercamiento de los mismos a las cárceles del País Vasco tuvo una rápida respuesta de todos los partidos políticos y también del propio Gobierno, pues el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se apresuró a recalcar que no habrá beneficios para estos presos aunque la banda se disuelva, puesto que entiende que la desarticulación de la misma es «una obligación que tienen con el Estado de Derecho».
En una entrevista concedida a un periódico de tirada nacional, Ruiz Gallardón descartó esta posibilidad resaltando que no se debe «condicionar una cosa a la otra». «La disolución es una obligación con el Estado de Derecho que tiene la banda y las penas que están cumpliendo sus presos lo son por delitos que ya han cometido», señaló el popular.
También desde la oposición criticaron la marcha del sábado. El encargado de hacerlo fue el secretario general del PSE y exlehendakari, Patxi López, quien afirmó que una marcha «más o menos multitudinaria», como la de este sábado «no borra delitos ni elimina las responsabilidades de los presos». El político aseguró que la cita estuvo «plagada de emplazamientos» a Gobiernos y partidos, pero no se escucharon, en cambio, «autocríticas ni compromisos por parte de los convocantes».
«‘Caiga lo que caiga siempre con los presos y sus familiares’, declaró uno de los más destacados dirigentes de Batasuna. ‘Siempre con los presos’. Clarificador mensaje, del que cabría esperar, sin embargo, una actitud consecuente», afirmó al tiempo que indicaba que el asunto de los presos de ETA es, fundamentalmente, «un problema del entorno de la ilegalizada Batasuna» porque, «efectivamente, son sus presos» y, por tanto, los dirigentes de ese mundo «no pueden traspasarnos a los demás una responsabilidad que está en su lado».
«Si hoy hay más de 600 reclusos de ETA es porque el mundo de la izquierda abertzale animó a muchos jóvenes a que se convirtieran en terroristas. Es Batasuna quien tiene que asumir ahora su responsabilidad, haciéndose cargo de la liquidación de ETA y de la gestión de sus interno», recalca.
Por otro lado, EH Bildu abogó ayer por trabajar los próximos meses en la difusión de la Declaración de Aiete y en desarrollar sus contenidos, ya que no se puede «dejar de aprovechar esta oportunidad para lograr la resolución del conflicto y para construir la paz». En este sentido, acusaron al Ejecutivo central y al PP de estar «enrocados en contra de la solución».
‘Hoja de ruta’
En una rueda de prensa celebrada en la capital vizcaína, las integrantes de EH Bildu Maribi Ugarteburu, Rebeka Ubera, Leire Pinedo y Diana Urrea valoraron, en euskera y castellano, la manifestación en favor de los derechos de los presos de ETA calificándola como «colosal».
Tras subrayar que la marcha de Herrira «a favor de la resolución, de la paz y, sobre todo, a favor de los derechos humanos» representa un «clamor» para poner fin a la «política penitenciaria de excepción», la coalición advirtió de que la ciudadanía se expresó con claridad «al exigir el fin del bloqueo y las excusas, al gritar que basta de usar la política penitenciaria y la vulneración de derechos como herramienta para sabotear la resolución del conflicto».
A su juicio, el Ejecutivo está «enrocado en contra de toda solución», por lo que anunciaron que no dudarán en «superar el muro de negación que ha levantado para transitar por el camino de la paz y de la resolución».
«Contamos con la ciudadanía de este país y con la comunidad internacional, porque además de la voluntad y el ánimo contamos con una herramienta y una hoja de ruta como la Declaración de Aiete. Por eso, en los próximos meses vamos a tratar de llevar y difundir a los cuatro vientos este documento, y apostaremos por desarrollar sus contenidos», anunciaron. En este contexto, valoraron que las reivindicaciones plasmadas en las calles de Bilbao van «mucho más allá de las siglas de los agentes políticos» que dieron su apoyo la convocatoria de Herrira y «son asumidas por una gran mayoría». Asimismo, consideraron que la ciudadanía instó a los agentes políticos, incluido el PNV, a trabajar en la búsqueda de soluciones.
