Los promotores del Palacio de Congresos en la finca de La Faisanera de Palazuelos de Eresma: Diputación Provincial, Sociedad Palacio La Faisanera S.L. y Ayuntamiento de Palazuelos no recurrirán la sentencia que anula la licencia urbanística de la construcción, un proyecto impulsado por la Diputación Provincial en el complejo Segovia 21. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia, tras la demanda presentada por el Ayuntamiento de Segovia, declaraba ilegal la licencia de obras concedida, en octubre de 2013, por el Ayuntamiento de Palazuelos para la construcción de un Palacio de Congresos en la finca de La Faisanera, un proyecto financiado con una subvención de 3,8 millones de euros de la Junta de Castilla y León. El Consistorio segoviano argumentaba que la finca no tiene condición de solar al carecer de un viario de acceso público. Según el artículo 22 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 24 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, pata tener la condición de solar es obligatorio contar con acceso por una vía pavimentada de uso y dominio público. El juez declaraba entonces ilegal la licencia, sin entrar a valorar los otros dos motivos de impugnación presentados por el Ayuntamiento de la capital, que considera además, que se incumplen las normas urbanísticas de Palazuelos en cuanto a los usos y edificabilidad de la parcela.
El representante de la sociedad Palacio La Faisanera S.L. y administrador único de la sociedad Segovia 21, Javier de la Orden, confirmaba ayer a esta Redacción la decisión adoptada, que implica el acatamiento de la sentencia, el restablecimiento de la legalidad de las obras y la continuación de la construcción del Palacio de Congresos. De la misma opinión es el alcalde de Palazuelos de Eresma, Jesús Nieto, quien ayer aseguró que “se hará lo que diga el juez para restablecer la legalidad cuanto la sentencia sea firme”. Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Vázquez, también manifestaba hace unos días su plena confianza en que se dotará de legalidad al Palacio de Congresos en La Faisanera. “En el momento en que se restaure la legalidad, se construirá esta infraestructura que, ciertamente, costará siete millones, pero su valor patrimonial ascenderá a más de veinte y beneficiará a toda la provincia”, recalcó.
En este sentido, el concejal de Urbanismo de Segovia, Alfonso Reguera, explicaba hace unas semanas que ajustar el proyecto del Palacio de Congresos de La Faisanera a la legalidad “exigirá una tramitación larga”, que el edil calculó “entre seis meses y un año”. Reguera aseguró que la Diputación y el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma deberán no solo dotar de un vial público al complejo, sino dar una solución a las otras dos “irregularidades” urbanísticas, como es un uso no autorizado y un exceso de edificabilidad. Reguera explicó que la finca de Quitapesares, donde se proyecta el Palacio de Congresos, tiene autorizado un uso como “equipamiento deportivo”, además de tener “ya agotada” su edificabilidad, por lo que no es posible, afirmó, un incremento de lo ya construído.
El proyecto podría retrasarse también si la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, pide la paralización de las obras del Palacio, tal y como aseguró la semana pasada. La regidora anunció que el Ayuntamiento solicitará que se detengan las obras, en el supuesto de que el Juzgado no ordene, de oficio, la suspensión de los trabajos. Las obras de construcción del Palacio de Congresos en la finca de Segovia 21 comenzaron el pasado mes de julio.
La Diputación decide hoy la compra de acciones de Bankia
El pleno de la Diputación someterá hoy a votación la posibilidad de compra de acciones que Bankia tiene en Segovia 21. Tal como anunció ayer este periódico, el equipo de Gobierno tiene previsto aprovechar la venta obligada de acciones para ampliar la participación en esta sociedad, donde Diputación ostenta la mayoría del accionariado (75 %), seguida de Bankia (14,4%) y la Cámara de Comercio (10%). Así lo anunció el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez (PP), quien considera esta venta impuesta por Bruselas como “una oportunidad” ya que la inversión económica es muy b aja, pues no llega al euro para adquirir más de 22.000 acciones y quedarse así con el 90 por ciento de participación.
Por su parte, el grupo en la oposición (PSOE), no había decidido anoche todavía si votaría a favor o en contra de esta compra de acciones. El portavoz del grupo, José Luis Aceves, dijo que estaban pendientes de un informe encargado a un experto para decidir su voto.
En la misma sesión de pleno se estudiará la gestión del servicio de ayuda a domicilio, se examinará el Decreto-Ley 2/2014, por el que se declaran las áreas funcionales de Castilla y León, y se decidirá sobre las mociones que ha presentado el grupo socialista en materia demográfica y económica.
