Las grandes cifras de Castilla y León para 2011 ascenderán a 10.045,1 millones, lo que supone un descenso del 5,02% respecto a las de este año, 530 millones menos pero la mitad del recorte previsto inicialmente, que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, cifró en 1.000 millones durante el debate sobre el estado de la Comunidad.
Herrera explicó que el proyecto de presupuestos de la Comunidad, que fue aprobado ayer en un Consejo de Gobierno extraordinario y se registrará hoy en las Cortes, es el «más restrictivo y austero de la historia», pese a lo que es «muy responsable, profundamente social y solidario», garantiza la calidad en la prestación de servicios básicos y apuesta por un nuevo modelo de crecimiento económico para favorecer la creación de empleo.
Al respecto, recalcó que las cuentas, las segundas en la historia que sufren un descenso (en 2010 bajaron un 0,09 por ciento), destina el 69 por ciento del total de los recursos (6.914 millones) a sanidad, educación, servicios sociales y empleo, y también garantizan las inversiones productivas y el apoyo a los sectores con el 24 por ciento del total para el área económica (2.500 millones), comprometiendo un tres por ciento de las cifras para ciencia y tecnología. «Uno de cada cuatro euros se dirigen a garantizar la inversión productiva y el apoyo a los sectores», dijo. Herrera remarcó que se mantendrán las inversiones en infraestructuras iniciadas antes de 2011, se apoyará el dinamismo demográfico, el desarrollo rural y a las corporaciones locales.
Unos presupuestos elaborados dentro de una previsión de «inicio de la recuperación económica» pero acompañados de un elevado «grado de incertidumbre» sobre la misma tanto a nivel nacional como internacional.
Concretó que los presupuestos llegan condicionados por una merma de los recursos del nuevo modelo de financiación, que está «fenecido» (562 millones este año); y por una capacidad de endeudamiento limitada, del 1,3% del PIB, con 747 millones, que utilizará hasta su techo la Comunidad para inversiones.
tres decisiones. Herrera basó su previsión de recorte inicial de 1.000 millones, con 483 millones menos de deuda y 500 de rebaja del nuevo modelo por la merma de ingresos tributarios y la devolución de las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta de 2008, bajo esas premisas. Sin embargo, precisó que los ingresos tributarios previstos por el Gobierno se elevarán un 44%, lo que supone que «ha fallado la previsión de ingresos del modelo de financiación» a través de los instrumentos de solidaridad.
Así, la Junta adoptó tres decisiones que han supuesto mejorar en casi 500 millones sus malos augurios iniciales, que pasan por incorporar a las cuentas los 211 millones a los que «tiene derecho» Castilla y León del Fondo de Cooperación. Unas partidas que pedirán si es necesario en los tribunales. Asimismo, manifestó que Hacienda les ha permitido computar los 88 millones de la primera devolución de la liquidación negativa de 2008 como ingresos de endeudamiento sin incurrir en déficit. Por último, indicó que se incorporan 97 millones como créditos reembolsables.
En este contexto, recordó las advertencias del gobernador de España, de la necesidad de elaborar un ‘plan b’, si fallan las «optimistas» estimaciones del Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero. Así, asumió que si no se cumplen tendrá razón el gobernador y el Gobierno tendrá que laborar un ‘plan b’ y las autonomías también. Pero es que se «presupone», dijo Herrera, que esas previsiones son ciertas, y proceden de un Gobierno responsable. «El problema es ese, la confianza», señaló.
Herrera también quiso dejar claro que Castilla y León es una de las cuatro autonomías menos endeudadas. Aclaró que la limitación al 1,3% del PIB de la capacidad de endeudamiento repercutirá directamente sobre las inversiones, que bajarán un 32 por ciento, hasta los 843 millones. A esta cantidad habría que sumar los 692 millones de inversión de las empresas públicas, que representarían un descenso más moderado del 21%, que repercutirá sobre todo en Fomento y Medio Ambiente, cuando en el Estado la rebaja global alcanzará el 30%.
Herrera se congratuló de que la Junta no sólo no elevará la presión fiscal, sino que incrementará los beneficios fiscales, que constituyen «política que coadyuvan al dinamismo económico» y que llegarán a 395 millones, que repercutirán en la economía de 320.000 ciudadanos.
Herrera expresó que la rebaja de gasto obligó a la Junta a intensificar su exigencia en la priorización del gasto e intensificar al «grado máximo» la austeridad, ya que toda la reducción del gasto recaerá sobre las consejerías, con una merma del 6,4 por ciento. Al respecto, reseñó las medidas tomadas para rebajar altos cargos, la merma de las retribuciones de los empleados públicos, entre otras medidas. Añadió también la nueva minoración del gasto corriente en las consejerías no sociales, con un 25% acumulado desde 2009.
«Somos más pobres y los ciudadanos valorarán a quién se debe esto», reconoció, para asumir su «responsabilidad personal e intransferible» en que en la Comunidad se sigan dispensando servicios básicos de calidad.
Herrera desdeñó ahora una reestructuración de las consejerías como medida anticrisis, ya que, aseguró, el ahorro que supondría una reducción sería mínimo debido a que sus integrantes son trabajadores públicos que pasarían a otros departamentos. No obstante, dejó la puerta abierta a que se produzca después de las elecciones de mayo, y la estructura del Gobierno regional se adecúe «a lo que necesite la Comunidad».
