Los guardias civiles que participaron ayer en la segunda jornada del juicio por blanqueo de capitales y por el que hay tres acusados, destacaron el alto volumen de ventas que manejaban dos de ellos, que habían sido detenidos en 2001 y 2004 por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.
Los agentes, pertenecientes al grupo de Intervención Fiscal y Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, explicaron que habían iniciado un seguimiento a los acusados de la ‘Operació Génesis’, ante las sospechas de que pudieran estar traficando con drogas. Tras ello realizaron intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente y detuvieron a varias personas, entre ellas, dos de los tres acusados en el juicio que se está celebrando estos días en la Audiencia Provincial.
Según los agentes, el volumen de ventas y la cantidad de droga con que comercializaban era muy elevado “para una ciudad como Segovia”.
Ayer solo se juzgaba a uno de los acusdos, pues los otros dos han alcanzado un acuerdo con el Ministerio Fiscal y han admitido una pena de un año de prisión, frente a los cuatro que se solicitaban
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Fiscal, el dinero obtenido en aquella actividad “excedía con mucho de lo que obtenían por ingresos de sus respectivos trabajos”. Por ello intentaron introducirlo en el sistema financiero legal y dar apariencia de licitud. Para ello adquirieron diferentes bienes y efectuaron diversos ingresos y movimientos en cuentas bancarias. Además de comprar vehículos, también adquirieron viviendas en diversas localidades.
Sobre la procedencia de ese dinero giraron ayer las preguntas de las partes. Los primeros interrogatorios fueron para los padres del acusado, que no ha admitido la rebaja porque mantiene su inocencia. Su abogado intentó demostrar que los ingresos económicos de la familia procedían de su economía doméstica. El propio acusado también había señalado que parte de sus ingresos no podían justificarse oficialmente ya que eran propinas durante su trabajo como empleado de la hostelería, o de cheques con los que cobraba en algunas empresas.
Este tipo de ingresos económicos de difícil justificación son los que los funcionarios de Vigilancia Aduanera también recogen en sus informes y en los que la Fiscalía basa su acusación. En esta prueba pericial se basará hoy jueves la última jornada de la vista oral del juicio, que quedará así visto para sentencia.
