Las administraciones y organizaciones sin ánimo de lucro podrán requerir de los servicios públicos de empleo personas para que hagan trabajos de colaboración social en la reconstrucción y limpieza de las zonas arrasadas por el fuego. Ésta es la gran novedad que presenta el Real Decreto Ley de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y por otras catástrofes naturales que ayer aprobó el Consejo de Ministros.
De esta forma, los ciudadanos que estén cobrando la prestación por desempleo podrán ser contratadas por entidades públicas y ONG para despejar las zonas que han sido pasto de las llamas.
En cualquier caso, el Ministerio de Empleo precisó que los desempleados solicitados seguirán cobrando la ayuda. «En ningún caso podrá entenderse que la prestación de esta colaboración implica una relación laboral entre entidad y el parado. El empleado continuará percibiendo su dinero», especificó. En este sentido, aseguró que deben tratarse de ocupaciones de utilidad social y redundar en beneficio de la comunidad. Deben tener, además, carácter temporal y coincidir con las aptitudes físicas y profesionales del trabajador, sin implicar cambio de residencia del asalariado.
En cuanto al procedimiento, el Ministerio de Empleo señaló que las administraciones públicas solicitarán a las oficinas de empleo las personas que necesiten y seleccionarán a los desocupados, previéndose la rotación o sustitución en caso de que el desocupado acepte una oferta de trabajo.
En caso de negativa o incumplimiento de obligaciones por parte del trabajador, será aplicable el régimen sancionador previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
El Real Decreto, aprobado durante el Consejo de Ministros de ayer, recoge una serie de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y por otras catástrofes naturales.
El objetivo es el de «restaurar el daño causado y ayudar a que las zonas afectadas y sus habitantes vuelvan a la normalidad».
180.000 hectáreas
Asimismo, Soraya Sáenz de Santamaría lamentó que este verano haya sido «muy duro y difícil» para muchas comunidades a causa de los incendios, que han causado la muerte de un total de nueve personas y ha arrasado alrededor de 180.000 hectáreas.
La vicepresidenta señaló, también, que esta norma cubrirá, no solo las catástrofes ocurridas hasta la fecha, sino que se amplía a los fuegos que puedan producirse hasta el próximo 1 de noviembre.
No obstante, el Gobierno no cuenta con una estimación del coste de estas medidas por estar a la espera de que las autonomías afectadas valoren el alcance de estos desastres.
Además, Santamaría aseguró que se ha solicitado la aplicación del Fondo de Solidaridad Europeo, que ya se ha tramitado para el fuego de Valencia y, «posiblemente», se extienda a otras zonas.
