Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) confirma la condena a Hontanilla de Santo Domingo que obliga a esta sociedad a demoler los 46 miniapartamentos que construyó en una huerta del valle del Eresma, al considerar que se cometió una irregularidad urbanística calificada como falta administrativa muy grave.
Luquero informó ayer de que la Junta de Gobierno Local había tenido conocimiento del fallo del Tribunal autonómico durante la reunión habitual de los jueves y añadió que se trata de “una estupenda noticia para los segovianos porque veremos restablecida la legalidad urbanística y porque es una sentencia ejemplar para todos los que por intereses particulares o privados pretendan saltarse a la torera las normas y las leyes que protegen los derechos de todos.
Recordó que el titular de la sociedad sancionada “no es otro que el exconcejal del Partido Popular Ángel Sancho”, y que esta promotora inmobiliaria ha sido sancionada, además, con el pago de una multa de 210.00 euros, a los que se suma la correspondiente al arquitecto del proyecto, por importe de 122.500 euros. En una sentencia anterior del mismo tribunal el arquitecto técnico fue condenado también a pagar 17.500 euros.
Después de nueve años, los infractores no pueden recurrir más ante los tribunales de Justicia, pues las sentencias son firmes. Así, se considera a los responsables de la sociedad y a los dos profesionales responsables de una falta administrativa muy grave, la misma calificación que en su momento recibió en el expediente sancionador municipal, aunque las multas que recogía este último sumaban 901.000 euros.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior considera que las cantidades que ha fijado ahora son proporcionales a la infracción cometida, así como al impacto producido en la huerta, que está calificada en el planeamiento urbanístico del municipio como suelo rústico de especial protección y, por lo tanto, no apto para la construcción de apartamentos destinados a estudiantes universitarios, que era el destino que tenían las edificaciones realizadas allí, según recordó ayer la alcaldesa. Además, indica que las multas son acordes a los difíciles tiempos económicos y que afectan también a los infractores, sobre todo teniendo en cuenta que no tuvieron tiempo ni oportunidad de obtener beneficio económico, ya que las obras se paralizaron en 2006. Por otro lado, señala que los promotores se han comprometido a demoler las construcciones que no se ajustan a la licencia municipal.
En este sentido, Luquero sostuvo ayer que “tras nueve años, tras multitud de recursos, de incidentes, de recusaciones de los magistrados, por fin podemos decir que los miniapartamentos ilegalmente construidos va a ser derribados”.
A preguntas de EL ADELANTADO, añadió que si en el plazo de tres meses la empresa no derriba los apartamentos, lo hará el Ayuntamiento “y luego tomaremos medidas contra la empresa, claro está”.
Luquero detalló que el TSJ, al abordar el expediente de restauración de la legalidad coincide en que “es imprescindible derribar todo lo construido al margen de la licencia y rellenar de tierra completamente los cubículos en los que había elementos para hacerlos habitables, como sanitarios, etc. El sellado de tierra debe hacerse con carácter previo a la construcción del muro de fábrica de contención del talud”, para lo que sí tenía autorización.
La alcaldesa no pudo contestar ayer si la empresa o los profesionales sancionados habían realizado anteriormente algún tipo de depósito en el Ayuntamiento pero indicó que “hay vía para ejecutar la sentencia, reclamar la sanción y, en su caso, el importe de la demolición, incluso por la misma propiedad”.
