La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) pidió ayer la retirada del visado de inspección de medicamentos al considerar que responde exclusivamente a motivos económicos, no mejora la calidad asistencial y genera desconfianza hacia el profesional. Así lo puso de manifiesto el vicepresidente de semFYC, Domingo Orozco, durante la presentación de los resultados de un informe que analiza la actual implementación del permiso en España y la normativa vigente por comunidades autónomas.
Los fármacos que necesitan aprobación son generalmente los más nuevos y, en consecuencia, los más caros, aunque hay enormes diferencias entre las regiones, que son las competentes para establecer cuáles son los productos que necesitan supervisión.
Para acortar esas diferencias, esta organización, que representa a más de 20.000 profesionales de Atención Primaria, propuso la creación de una agencia estatal reguladora o que el Ministerio de Sanidad asuma el papel de garante de la equidad en el Sistema Nacional de Salud.
El visado en el primer nivel asistencial afecta principalmente a medicamentos destinados a los pacientes con enfermedades crónicas (cardiovasculares, infartos, ictus, demencia, próstata, diabetes, etc), que «el médico de familia ve a diario», señaló Orozco.
La autorización puede tardar entre tres y cinco días, un plazo que se acorta notablemente (entre 24 y 48 horas) en las comunidades en las que el trámite se realiza de forma electrónica, entre las que se encuentran Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura o Galicia.
Orozco explicó que esta medida, que se introdujo en los años 70 para evitar desviaciones en la prescripción y dispensación de fármacos, es «anacrónica», ya que con la puesta en marcha de la historia clínica electrónica se puede controlar si el facultativo está recetando «fuera de la ficha técnica del paciente».
Los médicos de familia consideran que están perfectamente capacitados para prescribir sin supervisión e insisten en que el visado genera desigualdades entre los ciudadanos en función de la comunidad en la que residan.
El informe pone de manifiesto que existen otras medidas más efectivas para garantizar el uso racional del medicamento, como la formación profesional y los protocolos de actuación.
Orozco señaló que el colectivo entiende que el visado es una medida que lleva en marcha más de 40 años y «no se puede acabar con ella de un día para otro», pero pidió al Ministerio que abra un proceso con vistas a su retirada que cuente con las sociedades médicas y científicas.
