El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, advirtió ayer de que no aplicar la nueva ley de tasas judiciales será «probablemante» motivo de sanción, ya que «las leyes se tienen que aplicar», si bien manifestó que no cree que los magistrados lleguen hasta este punto.
«Yo creo que no lo harán, es una cosa que dicen, pero del dicho al hecho puede haber un gran trecho», señaló el jurista. Moliner se pronunció así al ser preguntado sobre el anuncio realizado por el magistrado del juzgado de lo social número 1 de Benidorm (Alicante) Carlos Antonio Vegas sobre su disposición a no aplicar las nuevas tasas judiciales, al entender que esta medida es «contraria al derecho de la Unión Europea».
La nueva ley, que comenzó a aplicarse el pasado lunes, tras la publicación el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que regula el procedimiento de liquidación y cobro, ha suscitado el rechazo de una amplio sector judicial, si bien el magistrado de Benidorm es el único que de momento se ha pronunciado de este modo.
«Si lo hace, probablemente sea sancionado por no cumplir la ley», recalcó el presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Mientras, la Agencia Tributaria, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, publicó en su página web una nota informativa sobre la entrada en vigor de las nuevas tasas, en la que determina que el importe «no se podrá aplazar, fraccionar o compensar». El documento determina que solo se podrá anular el pago efectuado si se obtiene una previa autorización de la Agencia Tributaria.
La entidad explica, asimismo, que el documento de autoliquidación no consiste en el «tradicional papel preimpreso» y solo estará disponible en Internet.
Según precisa, no deben cumplimentar el formulario los que se encuentren exentos del pago de la tasa, como son las personas a las que se haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita o quienes estén incursos en procesos referentes a la capacidad, filiación y menores. Tampoco deberán rellenarla las personas incursas en procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de los hijos.
Reforma del Código Penal
Por otro lado, la Comisión de Estudios e Informes del Poder Judicial concluyó sin ningún acuerdo su tercera sesión sobre el estudio de la ponencia elaborada por la vocal Margarita Robles, que duda de la constitucionalidad de algunas medidas del nuevo Código Penal. Por ello, los vocales solicitarán al Ministerio una prórroga para seguir estudiando el documento.
Tras tres horas de deliberaciones, el único aspecto en el que existió unanimidad fue en el que se reconocía la necesidad de disponer de más tiempo para analizar la reforma, por lo que quedaron en continuar sus discusiones el próximo 8 de enero.
Entre otros aspectos de la reforma, el proyecto de informe del CGPJ aborda la prisión permanente revisable, una pena inédita en el ordenamiento español y que se aplicará a los delitos más graves.
