Hace unos días, un grupo de fiscales de larga trayectoria, varios de ellos con plaza en la Audiencia Nacional o que la han tenido, se reunieron en una comida para cambiar impresiones sobre sus vidas profesionales, que en tiempos les llevó a compartir despacho, y también para comentar los asuntos más candentes de la actualidad nacional, sobre todo los que tienen que ver con la administración de la Justicia. Se trata de almuerzos que realizan periódicamente, más de amigos que de fiscales, en los que hablan abiertamente, precisamente porque se consideran amigos y, por tanto, se expresan con confianza.
El caso Bárcenas ocupaba ese día los titulares de todos los periódicos, como ocurre desde hace meses para desgracia de los populares, y la noticia era que el juez Gómez Bermúdez, al que había llegado la querella que presentó IU contra el PP por supuesta contabilidad B, había aceptado la querella e iniciado diligencias inmediatas a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción, al conocer que había aceptado la querella, había advertido de que el caso correspondía al juez Pablo Ruz, que era instructor de la trama Gürtel y había abierto una pieza separada para investigar la posible conexión del extesorero del PP con la red creada por Francisco Correa. Se había iniciado un nuevo conflicto de competencias entre dos magistrados y todo apuntaba a que Bermúdez iba a poner todos los medios a su alcance para quedarse con el caso.
Gómez Bermúdez, un juez de prestigio y querido por sus compañeros, desde que instruyó el atentado de Atocha fue muy evidente su creciente afán de protagonismo que tuvo su punto álgido cuando permitió que su mujer, periodista, escribiera un libro hagiográfico sobre el trabajo de su marido en ese caso que le mantuvo durante meses en primer plano de actualidad. Posteriormente, fue centro de polémicas que apuntaban siempre a un afán por acaparar titulares, y con el transcurso del tiempo empezaron a aparecer síntomas de resentimiento cuando no tuvo el respaldo para mantenerse en la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cargo para el que fue elegido Grande-Marlaska.
En el debate entre los fiscales que habían acudido al almuerzo, la opinión generalizada era que el caso correspondía a Ruz, hasta que uno de ellos lanzó una pregunta sobre la mesa: ¿El caso Bárcenas pertenece a la Audiencia Nacional o a los juzgados ordinarios? Nuevo intercambio de pareceres, y conclusión mayoritaria: justicia ordinaria. Lo que indica hasta qué punto se complica la situación, porque, por un lado, existe un conflicto de competencias entre Bermúdez y Ruz y, por otro, el asunto podría acabar en otra instancia y quedar fuera de él los dos jueces mencionados y corresponder a un nuevo titular de un juzgado de Primera Instancia, como así ha apuntado también un juez al que esta periodista pidió opinión tras conocer el debate.
Los defensores de que la competencia corresponda a Bermúdez, que son los menos, argumentan que inició diligencias en cuanto entró la querella de IU, el 1 de marzo, mientras que Ruz las inició el día 7. Los que apoyan al segundo, mayoría, dicen que el caso lo había asumido mucho tiempo atrás, pero que no pudo iniciar las diligencias correspondientes hasta que no llegó a su poder un informe de la UDEF en el que se recogían tres puntos de coincidencias entre Gürtel y Bárcenas.
Bermúdez, nada más aceptar la demanda, abrió diligencias y citó a declarar a partir del 25 de marzo a los dos extesoreros populares, Álvaro Lapuerta y el propio Bárcenas, así como a 10 grandes empresarios de la construcción para interrogarles sobre las donaciones que podían haber hecho al PP cuando la ley permitía obsequios económicos anónimos. Sin embargo, el juez no tomó en consideración abrir diligencias contra Federico Trillo, Rodrigo Rato y Ángel Acebes, tal como solicita la formación política de izquierdas. Pero mantiene la convocatoria de declaración de los productores, a pesar de que la Fiscalía le ha advertido de que debe inhibirse del caso en favor de Ruz, aviso que no ha atendido al solicitar a los empresarios que presentasen en el plazo máximo de siete días toda la documentación relacionada con los pagos, la donaciones, al PP. Por otra parte, pidió también a distintas instancias oficiales, como la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social toda una serie de informes sobre la vida laboral y fiscal de Luis Bárcenas. Y solicitó declaraciones de Hacienda de personas que aparecían en la lista publicada por El País, atribuida a Bárcenas, aunque éste ha negado que fuera suya, para comprobar si esas personas -entre ellas Pío García Escudero o Jaume Matas- habían declarado los sobresueldos que supuestamente habían recibido del partido -legales si efectivamente los incluían en sus declaraciones a Hacienda como ingresos- y habían pagado el IRPF correspondiente.
Con esa actitud, Bermúdez dejaba clara su negativa a dejar la competencia, y mantenía el calendario de diligencias como si los llamamientos de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado no se hubieran producido.
Una rebeldía en toda regla que ha llevado a Anticorrupción, de acuerdo con la Fiscalía General, a anunciar un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que decida sobre la competencia. Será una Sección de esa Sala, formada por tres magistrados del Supremo, la que dirima sobre una situación que, además de enturbiar la tranquilidad en que debe desarrollarse la administración de Justicia, perturba también, y de forma considerable, la vida política.
Una vida en la que los indicios de corrupción se ven enturbiados por la aparición de personajes dispuestos a llegar a todo por venganza, por egolatría y por resentimientos personales y profesionales.
