Atraídos por unos precios tan benignos como el propio clima, España sigue siendo la meca para muchos europeos de la tercera edad que llegan a las costas mediterráneas para vivir un retiro dorado. De los dos millones y medio de ciudadanos del Viejo Continente que residen en el territorio nacional, más del 21 por ciento son jubilados que, en la gran mayoría de los casos, ni siquiera se empadronan para no tener que pagar impuestos municipales y no conocen, ni quieren conocer el idioma castellano.
Así lo pone de manifiesto un estudio del Real Instituto Elcano, que achaca también esa falta de integración al miedo, por desconocimiento, a perder los derechos sociales adquiridos en sus países de origen si se españolizan.
De los inmigrantes jubilados, en torno a 400.000, un 90 por ciento se concentran en ocho provincias, principalmente en la costa mediterránea y en los dos archipiélagos. Así, Alicante, Málaga y Almería concentran dos tercios, mientras que el resto reside en Baleares, Las Palmas, Tenerife, Gerona y Murcia.
Como resultado, España tiene una sobre-representación de jubilados europeos en relación con el conjunto de los inmigrantes. En 2009, los mayores de 55 años procedentes de dicho ámbito geográfico eran 400.000, un tercio del total de los extranjeros de esas nacionalidades. En casos como los de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza, el 40 por ciento de sus ciudadanos instalados en España están en edad de jubilación y, en total, el 6 por ciento de los europeos que viven en el país han cumplido ya los 75 años.
El trabajo, elaborado por los investigadores del CSIC Vicente Rodríguez y Paz Rodríguez, así como por el profesor de la Universidad de Zaragoza Raúl Lardiés, concluye que en España residen dos millones y medio de europeos, el 20 por ciento de los cuales son jubilados que deciden no empadronarse, bien por razones económicas, por miedo a perder privilegios en sus países o, simplemente, por mera ignorancia.
La investigación, que se basa en estudios previos y en encuestas y entrevistas personales realizadas a extranjeros retirados y residentes en Andalucía, recoge que «la población extranjera que vive en España tiende a no inscribirse en el municipio que habita, a pesar de lo cual acceden a determinados servicios y beneficios sociales», lo que «causa perjuicios relevantes a las arcas municipales y a la capacidad de los Ayuntamientos y otras Administraciones para planificar la dotación de servicios».
Según el trabajo, una de las razones que alegan para no registrarse es el «temor» a que se «hagan llegar sus datos a la Policía, lo cual llevaría quizá implícita la necesidad de cotizar y pagar impuestos en España, siendo eso sinónimo de perder ciertos derechos y beneficios en sus países de origen».
