La Audiencia Nacional rechazó ayer la petición de la Fiscalía y del ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, uno de los tres imputados en el caso Faisán, de retirar el cargo de colaboración terrorista, y mantener solo el de revelación de secretos.
Así lo acordó la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal, en un auto en el que no acepta el recurso de apelación de García Hidalgo contra la decisión del juez Pablo Ruz de convertir en sumario las diligencias previas de la causa que investiga el chivatazo con el que se alertó a ETA sobre una operación contra su red de extorsión en 2006 en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa).
Para la sala, la decisión de Ruz «no fue arbitraria y sí razonable», y sostiene, en contra del criterio fiscal, que «no es necesario comulgar con la finalidades» de la organización terrorista para la existencia del tipo delictivo.
Conviene destacar que el fallo no fue unánime, ya que el magistrado José Ricardo de Prada emitió un voto discrepante en el que considera que la labor de su colega no debió transformar las diligencias previas en sumario, al no existir indicios de colaboración con organización terrorista. A su juicio, el proceso de negociación política que existía en ese momento entre el Ejecutivo central y la banda asesina justificó la polémica actuación.
De esta manera, la investigación del chivatazo a ETA continuará instruyéndose en la Audiencia Nacional, ya que si se hubiera considerado que solo hubo revelación de secretos, este tribunal no sería competente y debería pasar a un juzgado de Irún al ser el lugar donde ocurrieron los hechos.
Desde el PP se aplaudió la decisión por boca del vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, que indicó que esto permitirá que «los jefazos de la Policía» den «explicaciones» sobre su «traición» a los agentes.
Sobre la actitud de De Prada, el diputado conservador Ignacio Gil Lázaro expresó su «inmenso estupor» jurídico y ético, al tiempo que consideró la opinión «repugnante». En la misma línea se manifestó el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet: «No compartimos que sea razonable justificar el soplo porque se estuviese en un proceso de negociación. Hay que aplicar la democracia y el Estado de Derecho, sino nos vamos a la Ley de la Selva, a la dictadura y la inseguridad jurídica».
El vicesecretario general de la Confederación Española de la Policía (CEP), Lorenzo Nebrera, añadió que ha tenido que leer varias veces las explicaciones de De Prada para convencerse de que eran ciertas: «Nos parece grave que el Estado de Derecho tenga que ajustarse a la política, los delitos los marca el Código Penal. Si este juez lee lo que ha escrito, el sentido comun debe hacerle entender que ha cometido un grave error».
