Las protestas vecinales que se manifestaron sobre todo durante el último pleno municipal han hecho reaccionar a los diferentes partidos políticos distintos del equipo de Gobierno y que están representados en la Corporación. Todos los grupos, incluido el del alcalde, IU, están convencidos de que es imposible lograr el apoyo del cien por cien del vecindario, pero los tres partidos de la oposición confían en lograr un mayor consenso.
Las quejas de los habitantes volvieron a quedar ayer de manifiesto durante la reunión celebrada en Tabanera del Monte, donde acudieron vecinos de los diferentes núcleos afectados, junto a una arquitecta que trató de resolver las dudas planteadas por algunos de los asistentes.
Desde el PP municipal, su portavoz, Juan Manuel Sastre, anunció que se plantean el pedir que se paralice el proceso y remitir de nuevo al Ayuntamiento el documento para que el equipo redactor elabore un nuevo plan que logre el consenso de la mayoría del vecindario. En todo caso argumentó que esta posibilidad deberá valorarse económica y administrativamente.
Sastre justificó la postura de su grupo en el pleno de julio en el que se aprobó inicialmente el PGOU. En él votaron en contra del PGOU dos de los tres concejales y uno a favor, “con el fin de desbloquearlo y sacarlo del cajón para que los vecinos pudieran conocer su contenido”. “Como grupo político pensamos que el documento ya no podía permanecer más tiempo en el cajón, pero estábamos bastante disconformes con el planteamiento”, recuerda el líder del PP municipal. A su juicio, el PGOU aprobado tiene algunas cosas positivas como la dotación en la zona de la carretera de La Granja, pero es “tremendamente negativo por su agresión en los cascos urbanos, de Palazuelos y de Tabanera”, advierte a la vez que considera que es preciso “parar el malestar y evitar el enconamiento social y de vecinos que tenemos”.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Javier San Frutos, también asegura haber tomado nota de lo ocurrido y abogó por “tomar de nuevo las riendas de este tema”. “Es preciso mirar el interés general sin dañar los intereses particulares”, afirmó.
A juicio de los socialistas, que votaron en contra el principal defecto que tiene el PGOU es que no es sostenible económicamente y hace muy difícil que el municipio pueda sufragar los cambios propuestos. “Crea núcleos dispersos en zonas sensibles y además no ha habido un proceso previo de información pública”, agregó a la vez que recordó que no tiene base firme sobre la disponibilidad de recursos hidráulicos.
Y quien también confesó que su planteamiento ha cambiado es el concejal del grupo independiente (AINP), Alberto García Gómez. “Votamos en su día a favor pero con varias condiciones, que los vecinos conocieran realmente lo que se estaba redactando”, explicó. Pero ahora veo las cosas “menos claras, y que no están muy bien atadas”. En este sentido apuntó que está preparndo una batería de alegaciones y “si no se rectrifica no lo voy a apoyar”. Entre las cuestiones que menos le satisfacen se encuentra el que hay barrios con mucha vivienda individual “que se quiere hacer colectiva y no tiene lógica de crecimiento; se quiere tocar los cascos antiguos, y otras zonas que se quiere dejar fuera de ordenación”.
