Tras unas horas de reposo que se encargaron de poner en su sitio los dispares análisis realizados en caliente por los sindicatos y el Gobierno sobre el seguimiento de la huelga de funcionarios, ayer quedó claro que el paro, convocado por las centrales laborales en reacción al recorte del salario de los empleados públicos, estuvo más cerca del fracaso anticipado por el Ejecutivo que del éxito arrollador del que presumían UGT y CCOO.
De hecho, aunque el día después casi todo el mundo prefirió pasar de puntillas y apenas hubo comentarios sobre la protesta, la ruptura con la Unión General y Comsiones anunciada por CSI-CSIF, el principal sindicato de funcionarios, habla bien a las claras del descontento reinante entre los trabajadores de la Administración por el paupérrimo resultado de su movilización.
Así, por más que la huelga estuviera completamente ausente de la sesión de Control al Ejecutivo en el Congreso, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Domingo Fernández, dejó bien claro que la iniciativa no solo fue un fracaso en toda regla, sino que ha acarreado una nueva fractura en el frente laboral, puesto que, a su juicio, UGT y CCOO utilizaron el paro de los empleados públicos para intereses distintos a la defensa de los trabajadores y como una especie de «ensayo para la huelga general».
Según detalló Fernández a la hora de razonar su ruptura con las organizaciones dirigidas por Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, les avisaron el lunes de que CSIF podría marchar en la cabecera de las manifestaciones, pero no intervenir en los discursos, razón por la cual la organización de funcionarios decidió manifestarse por separado. Además, denunció que en varias ciudades, con Logroño como ejemplo más palmario, los dirigentes del CSIF llegaron a ser incluso agredidos cuando intentaron situarse en la vanguardia de las protestas callejeras.
Bien distinta fue la versión del secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, quien sostuvo que a Fernández «se le ha ido la olla» y ha tenido un «ataque de cuernos» al no poder intervenir junto con Méndez y Toxo en el acto central de la protesta, que tuvo lugar en Madrid. Su homólogo de Comisiones, Enrique Fossoul, prefirió no hacer declaraciones al respecto.
Bastante más locuaz se mostró el vicepresidente y portavoz de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), Rafael Coloma, quien ni siquiera se molestó en ocultar que la huelga fue un «fracaso», y atribuyó el escaso seguimiento a que «los trabajadores públicos no creen en la representación que ejercen UGT y CCOO».
«Los funcionarios no aceptan ver cómo los 10.000 liberados de la Administración viven de las subvenciones del Estado mientras sufren la bajada del sueldo», explicó Coloma, cuyo colectivo carece de liberados y no respaldó el paro.
El representante de Fedeca estimó que las cifras reales de participación «se acercaron más» al 11,85 por ciento aportado por el Gobierno que al 75 por ciento que esgrimieron los sindicatos que dirigen Méndez y Toxo.
Coloma explicó que Fedeca, que cuenta con 20.000 asociados, no se sumó a la jornada de absentismo porque no se consideran representados por los sindicatos mayoritarios que «no tienen en cuenta a la función pública». Asimismo, coincidió con CSI-CSIF al afirmar que el paro del martes fue un «ensayo» para una futura convocatoria de huelga general y exigió al Gobierno que aplique «medidas estructurales de calado para reformar la Administración».
Respecto a la ruptura del diálogo entre las organizaciones mayoritarias y los representantes de los funcionarios, Coloma consideró que CSIF «se ha dado cuenta» de que «no forma parte de la cabeza del león, sino de la cola».
