La vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, anunció ayer que se pagará a los funcionarios de forma progresiva el 26,2% exigido de la extra de 2012, aunque se trata de una cuestión que se abordará en la Mesa de Negociación que se lleva a cabo entre Junta y empleados públicos.
No obstante, aseguró que el Ejecutivo regional abonará la cuantía correspondiente en el momento en el que el acuerdo sea efectivo a pesar de que este concepto no estaba presupuestado y podría suponer una cuantía similar a la que ya se abonó y que alcanzó los 50 millones de euros.
El Gobierno regional advirtió además que al tratarse de una cantidad “extra” incrementará el déficit, por lo que se ha solicitado al Ejecutivo central que no se contabilice como tal, algo “lógico” sobre lo que todavía no se ha recibido respuesta.
En este sentido, el sindicato UGT ofreció ayer una rueda de prensa para exigir al Gobierno regional que negocie ya la devolución inmediata de la parte correspondiente de la paga extra de 2012 que queda por hacer efectiva a los empleados públicos, la vuelta a las 35 horas semanales, el pago del salario total en las bajas laborales, el cien por cien de tasas de reposición y además reclama la ampliación del periodo para el disfrute de los días de libre disposición.
Así lo expresó la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Carmen Ámez, quien advirtió de que estudian posibles movilizaciones de los empleados públicos ante lo que considera un “engaño”, una “farsa” y discursos “retóricos y sin contenidos” del Gobierno central y autonómico en lo que se refiere a la negociación con los funcionarios.
Ámez recordó que con el “hachazo” de 2012 el Gobierno central no preguntó a las comunidades autónomas si su situación económica permitía llevar a cabo la reforma laboral, por lo que ahora exige que se haga lo mismo con los empleados públicos porque el Estatuto Básico de los Empleados Públicos es “para todos”, tanto si se quita como si pone.
Por otro lado, aseguró que la forma de actuar con los empleados públicos es la “mayor mentira del PP” y criticó la “incoherencia política” del Gobierno central en un momento en el que se debate sobre la unidad de España, ya que es el propio Ejecutivo el que crea “discriminaciones” entre las comunidades al dejar a su “albur” la devolución de los derechos económicos y sociales de los empleados públicos.
En la misma línea, consideró una “farsa” lo que hace la Junta porque, a su juicio, no tiene “voluntad política” de devolver los “derechos hurtados” a los empleados públicos a pesar de decir que los iba a reintegrar, que el PP de Castilla y León no estaba de acuerdo con ciertas políticas del Gobierno central, que la Comunidad estaba en una mejor situación económica y que la recuperación era “la mayor”.
Ámez censuró que la Junta dijera que “tienen que mirar” si la devolución de estos derechos supone déficit para la Comunidad y reiteró su petición de “lealtad” con los trabajadores públicos y que se “dignifique” a los funcionarios.
