Los empresarios españoles no quieren financiar un sistema de formación profesional en el que, tras la reforma del Gobierno, la gestión ya no está en sus manos, sino en los de la Administración, y en el que el carácter finalista de este dinero, la financiación de la formación continua, está, aseguran, cada vez más escorado hacia la recualificación de parados.
Además, dudan de que vayan a poder participar activamente en el diseño de los programas de formación, como versa la reforma, y se ven financiando un sistema que no cubre las necesidades de formación que las empresas realmente necesitan.
Por eso, muchas empresas y patronales, entre ellas la CECA o Cepyme, plantean unir sus fuerzas, pedir de forma organizada y firme la supresión de la cuota del 0,6% de las nóminas —otro 0,1% corre a cargo del trabajador—, con la que fundamentalmente se ha venido financiando el sistema, y dedicar sus recursos a crear nuevos cauces para impartir formación. “En septiembre se va a acelerar muchísimo el proceso”, prevén las mismas fuentes.
Se trata de una rebelión en toda regla contra una de las reformas más ambiciosas del Ministerio de Empleo, que perseguía, según el Gobierno, dotar de más eficacia a un sistema que mueve al año casi 2.000 millones de euros, y evitar nuevos casos de fraude en la gestión de los recursos.
El Real Decreto-Ley de la reforma entró en vigor en marzo y actualmente se encuentra pendiente de tramitación como proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados, pero entre los empresarios nadie confía en que sufra cambios sustanciales.
En sus actuales términos, la norma quita el papel protagonista de la gestión e impartición de cursos de formación de oferta —suelen reunir materias válidas para diferentes ocupaciones como idiomas o conocimientos informáticos— a los empresarios y sindicatos, y la abre a la libre concurrencia. Además, la Administración sólo adelanta ahora un 25% de los recursos, y va pagando el resto a medida que se vayan completando los programas, en lugar de aportar el 100% desde el inicio.
Por otro lado, la formación de demanda o bonificada, aquella que puede llevar a cabo la empresa con sus propios medios mediante una subvención en la cuota de formación, se mantiene. No obstante, las empresas de menos de cinco trabajadores tendrán que poner de su bolsillo el 5% de las acciones formativas.
