Los empresarios con créditos en una caja de ahorro con sede en Castilla y León no podrán presidir la entidad, aunque podrán permanecer en los Consejos de Administración como miembros no retribuidos de los mismos, según se recoge en el Decreto Ley aprobado por la Junta que adapta a la Comunidad a la normativa estatal sobre entidades de ahorro. En la práctica, esta disposición afecta al presidente de Caja España, Santos Llamas, que podrá permanecer en el Consejo de Administración de la entidad durante dos años más, pero no podrá optar a la presidencia al serle aplicado el nuevo régimen de incompatibilidades que incorpora el decreto. Del mismo modo, José María Arribas, presidente de Caja de Burgos, deberá dejar el primer puesto de responsabilidad en marzo, cuando se constituya la nueva asamblea de la entidad, al igual que el presidente de Caja de Ávila, Agustín González, al quedar vetados en los órganos de gobierno los cargos públicos en ejercicio.
El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, no quiso poner mobre a la norma cuando fue inquirido por la figura de Santos Llamas. «No hago valoraciones de personas, no debo hacerlo, pero si están inmersas en el régimen de incompatibilidades, no podrán presidir una caja», aclaró.
Asimismo, el texto aprobado refuerza las mayorías necesarias para que las asambleas generales de una entidad aprueben un proceso de fusión, integración en un SIP o la transformación de la misma en una fundación al pasar de dos tercios de los consejeros generales a cuatro quintos, lo que complica las asambleas de Caja de Ávila y Caja Segovia que deben dar el visto bueno a su integración en el SIP liderado por Caja Madrid.
El Decreto Ley aprobado avanza en la profesionalización de las entidades, elimina la presencia de cargos públicos y políticos electos en los consejos de administración de las cajas y endurece la consideración de conflicto de interés que pudiera surgir entre empresarios y la propia administración de la entidad. «Es un régimen serio», definió Villanueva.
No obstante, precisó que el decreto ley introduce una disposición en la que se respeta el periodo transitorio de dos años que han acordado Caja Duero y Caja España para elegir los órganos de gobierno de la nueva caja. Así, podrán mantener sus miembros sin renovar, excepto de que sean ellos los que aceleren este proceso.
Tras la entrada en vigor hoy de este Decreto Ley, deberán abandonar la entidad en el mes de marzo al menos 30 de los 68 miembros de los consejos de administración de Caja Ávila, Caja Segovia, Caja de Burgos y Cajacírculo por ser incompatibles con su cargo público, mientras que José María Arribas podrá permanecer en el órgano de gobierno de la entidad burgalesa como vocal o, incluso, vicepresidente.
Así, en Caja de Ávila tendrá que abandonar el Consejo, además de su presidente, Agustín González, su vicepresidente primero, Miguel Ángel García Nieto y ocho vocales: Alberto Muñoz, Juan Díaz, José Martín, Pedro Pablo Pascual, Moisés Sánchez, José María Manso, Antonio Padró y Luis Pérez. En total, 10 de los 17 miembros actuales.
En Caja Segovia no podrán ser reelegidos ocho consejeros, entre ellos el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes; el presidente de la Diputación, Javier Santamaría, y los dos vicepresidentes de la entidad, Manuel Agudíez y Elena García. En esta lista, se incluye el portavoz adjunto del PP en las Cortes, Sanz Vitorio y otros miembros como José Pablo Lozoya , Fernando Acebes y Concepción Monte de la Cruz.
En Caja de Burgos, las incompatibilidades afectan a siete miembros: el vicepresidente primero, Ángel Ibáñez y los vocales Julio Víctor Pascual, Fernando Rodríguez Porres, Ángel Carretón, Fernando Castaño, Luis Escribano y José Máximo López Vilaboa.
En el caso de Cajacírculo hay cinco consejeros incompatibles: José Barrasa Moreno, Andrés Gil García, Eusebio Martín Hernando, Mariano Monasterio Iñiguez y Bienvenido Nieto Nieto.
España-Duero.- La entidad que surja de la fusión de Caja España y Caja Duero tendrá un calendario distinto. La norma establece que se mantiene un periodo transitorio de dos años en el que permanecerán los órganos de gobierno pactados en el proceso de fusión. Las incompatibilidades sólo afectarán a aquellos cargos que deban ser nombrados tras la constitución del nuevo consejo de administración, es decir, al presidente y, en su caso, a los vicepresidentes. De este modo, el actual presidente de Caja España, Santos Llamas, no podrá ser el máximo responsable de la entidad fusionada. También se veta esta posibilidad a políticos en activo presentes en el Consejo, aunque podrían serlo si dimitieran de sus responsabilidades públicas, siempre que no hayan tomado decisiones sobre cajas de ahorro.
Otras reacciones.-
Izquierda Unida: El coordinador regional de IU, José María González, denunció que el «intento de tener un sistema financiero al servicio de la Comunidad» ha fracasado por «las posturas pusilánimes de la Junta y su presidente».
Santos Llamas: El presidente de Caja España, Santos Llamas, señaló que está «sometido» a lo que le digan cuando «llegue el día». «Si puedo volver a estar, estupendo y si no, lo mismo», señaló en referencia a la Presidencia de Caja España.
