La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) mostraron ayer su «disponibilidad» a pactar un nuevo acuerdo de pensiones a fin de garantizar su viabilidad y sostenibilidad económica, y todo ello a la espera de que el Consejo Económico y Social (CES), donde están presentes tanto empresarios como sindicatos, haga público un dictamen final sobre el anteproyecto de ley que le remitió el Gobierno.
En un comunicado emitido tras la Junta Directiva de la patronal, la primera que se celebra después del verano, las organizaciones empresariales subrayaron que «negar la revisión» del sistema de pensiones sería «ir contra» él mismo. De hecho, el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, ya se había mostrado partidario hace unos días de desvincular las prestaciones del IPC e introducir nuevas variables en el modelo, aunque, en todo caso, apostó por una reforma «consensuada».
El Ejecutivo remitió este pasado lunes al CES el anteproyecto de ley que regula el factor de sostenibilidad de las pensiones y su índice de revalorización anual y el organismo tiene previsto debatirlo en Pleno el próximo día 25. No obstante, los dictámenes que emite el CES no son vinculantes para el Gabinete y pueden ir acompañados de votos particulares en caso de que los hubiera.
A este respecto, el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, mantuvo durante su comparecencia en la sesión de Control al Congreso que el PP «no ha congelado las pensiones», recordando que el Gobierno elaborará una Ley de Sostenibilidad con el objetivo «básico y capital» de garantizarlas en el futuro, pues «es una de las prioridades básicas de todos los españoles».
Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, insistió en que las prestaciones no sufrirán recortes con el nuevo índice de revalorización anual, sino que crecerán, aunque lo harán de forma «compatible y acompasada» a la realidad económica nacional y a las cuentas del sistema de la Seguridad Social.
Asimismo, Burgos precisó que, con la fórmula elaborada por el PP, «no tiene por qué haber pérdidas de poder adquisitivo».
Mientras, el PSOE desveló su oposición «firme, rotunda y de frente» a la reforma planteada por Rajoy y su Gabinete. Así lo manifestó en el Congreso la portavoz del grupo parlamentario Soraya Rodríguez.
Para los socialistas, el plan del Ejecutivo no puede sino calificarse de «expropiación», tanto desde el punto de vista «económico como de los derechos», de los nueve millones de pensionistas actuales y de los más de ocho que se incorporarán al sistema en el curso de los próximos años.
Una manifestación que coincidió con el anuncio por parte del Gobierno francés de la aprobación del proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones galo y que elevará desde 41,5 a 43 los años de cotización necesarios para cobrar la pensión completa, aunque mantiene en 62 años la edad mínima para ser beneficiario de ella.
