Varios grupos de trabajadores de SAU permanecieron concentrados ayer por la mañana durante cuatro horas en los accesos al Hospital General sin efectuar los viajes de regreso de los pacientes de Rehabilitación o de consultas programadas. «Vamos a continuar las movilizaciones hasta que la Consejería de Sanidad tome cartas en el asunto y podamos cobrar nuestros sueldos», aseguró a media mañana el presidente del comité de empresa Manuel Marcos quien comunicó que la duración de las protesta en la calle se prolongará en las próximas jornadas .
Los grupos de manifestantes se distribuyeron por distintos puntos de acceso al hospital, con mayor presencia en las puertas de Rehabilitación y la cabina de control de seguridad que se encuentra cerca de la carretera de Ávila. Algunos trabajadores llevaron sillas y mesas plegables y se acomodaron en los patios y aceras. Junto a los trabajadores en huelga hubo una importante presencia policial. A primera hora de la mañana había hasta nueve vehículos de la Policía Nacional y de la Local en las proximidades del complejo sanitario.
Según la Gerencia del Área de Salud las protestas generaron retrasos en las rutas de regreso de las ambulancias con pacientes, que afectaron a “doce o quince personas”. Sin embargo, Manuel Marcos afirmó que entre las diez de la mañana y las dos del mediodía no se hizo ningún servicio programado de Rehabilitación, se suspendieron rutas y hubo más de 50 pacientes que no pudieron regresar del hospital en ambulancias.
Desde hace casi un mes los trabajadores de SAU mantienen una campaña de movilizaciones para reclamar a la empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario en Segovia el pago de sus nóminas, que en estos momentos les adeuda dos mensualidades, y la implicación de la Consejería de Sanidad en la resolución del conflicto.
Consejero
El consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, afirmó ayer que el conflicto laboral que afecta al servicio de transporte sanitario de Segovia, es un “problema de financiación empresarial”, ya que la Junta de Castilla y León ha pagado a la empresa y es ésta la que tiene que hacer efectivas las nóminas de sus trabajadores. “No podemos tomar más medidas”, insistió, para precisar que otra cosa sería que el Ejecutivo mantuviera una deuda con la empresa.
