Ecologistas en Acción solicitó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se reactiven los procedimientos pendientes de resolver en relación al paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en la que declara no urbanizables los terrenos en los que se asienta el polémico hotel levantado por Azata y que invade el espacio público marítimo-terrestre.
Según el escrito presentado ante el Alto Tribunal andaluz, el pronunciamiento del Supremo “ha puesto fin al proceso que motivó la suspensión de las actuaciones” seguidas por este tribunal, por lo que considera que ya es posible “reanudarlas teniendo en cuenta el fallo y los fundamentos de derecho de dicha sentencia”.
El escrito recuerda que la mencionada sentencia del Tribunal Supremo del 10 de febrero de 2016 confirma que los sectores ST-1 y ST-2 del planeamiento municipal de Carboneras se ubican en espacio protegido “no urbanizable”.
El TSJA suspendió el procedimiento acumulado en relación a los recursos presentados por Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción y Greenpeace España contra el plan general de ordenación urbana (PGOU) de Carboneras el mismo día en el que se dictó votación y fallo a la espera de que el Supremo resolviera la situación del paraje.
En este plan de ordenación los sectores ST-1 y ST-2 correspondientes al paraje en el que se ubica el complejo turístico fueron considerados urbanizables, de forma que su aprobación habría dado vía libre a la construcción de 250 viviendas en la zona. Greenpeace apuntó en su recurso que la declaración de terreno urbanizable contaba con un informe de 2009 en sentido favorable de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía.
Procesos pendientes
Recurso municipal. La Sala de lo Contencioso del TSJA también tiene pendiente de resolver el recurso presentado por el Ayuntamiento de Carboneras contra el plan de ordenación de recursos naturales de 2008 en el que se solicitaba la anulación de la ampliación del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar que se hizo en 1994, que el Supremo ya validó, para así estrechar los límites del parque y dejar el paraje fuera de su protección.
Causa patrimonial. De forma paralela, la Audiencia Nacional tramita de forma agrupada las tres demandas por responsabilidad patrimonial elevadas por Azata del Sol contra el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Reclama una indemnización de 70 millones de euros para resarcir los “daños y perjuicios” derivados de lo que considera un “anormal funcionamiento” de la administración.
Justicia europea. El colectivo Ecologista tratará de solicitar al TSJA una revisión de la sentencia que legaliza la licencia de obra tras el fallo del Tribunal Supremo. Asimismo, también se plantean presentar un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo para que resuelva la situación.
