Las diligencias previas judiciales abiertas por el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de esta capital, a raíz de sendas denuncias presentadas por la Fiscalía Provincial y la formación política UPyD, continúan su curso y en breve tiempo supondrán el pase por las dependencias del Palacio de Justicia de los miembros del comité de dirección, que en su conjunto han percibido o percibirán por su salida de Caja Segovia, en forma de retribuciones o planes de pensiones, unos treinta millones de euros.
El tribunal podría estar solo a falta de recibir alguna documentación solicitada a Bankia, la entidad en la que se integró Caja Segovia, para llamar a declarar a los integrantes del comité, con sus exdirectores generales, Manuel Escribano y Miguel Ángel Sánchez Plaza, a la cabeza.
Así se lo podría haber solicitado la Fiscalía Provincial, quien desde el primer momento se ha mostrado muy activa en que se investigara este asunto, lo mismo que UPyD.
De hecho, ambos recurrieron la decisión de ese juzgado de archivar sus denuncias. Un recurso que fue aceptado por la Audiencia Provincia de Segovia, quien ordenó la reapertura de las diligencias judiciales en mayo de 2012 a través de un auto de revocación de la resolución dictada por el juzgado número 2.
La Audiencia consideraba necesario que los organismos reguladores e inspectores – el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores- den cuenta del estado en que se encontraba Caja Segovia cuando se aprobaron las jubilaciones de sus altos directivos, si se habían recibido ayudas públicas, y el nivel medio de esas jubilaciones en entidades financieras similares en naturaleza y tamaño. Asímismo, pedía que se requiriese a Caja Segovia para que aportara la documentación en base a la que se aprobaron esas prejubilaciones.
La Audiencia quería así que el juzgado esclarezca si los altos directivos de la entidad pudieron incurrir en un delito de administración desleal o apropiación indebida. Valoraba de esta forma las afirmaciones recogidas en la denuncia de UPyD en el sentido de que “en el último año han aumentado desproporcionadamente las retribuciones con el único y deliberado propósito de incrementar la base de cálculo de su pensión o prejubilación”.
En su denuncia UPyD apuntaba que Manuel Escribano ha percibido o percibirá por diversos conceptos unos doce millones, mientras que entre el resto de los miembros del comité de dirección se repartirán otros 18 millones, aunque de entre ellos el que más ha recibido o recibirá será el que durante muchos años fue director general adjunto y director algunos meses tras la marcha de Escribano, Miguel Ángel Sánchez Plaza.
La Audiencia estimaba entonces que los hechos consignados en el escrito de denuncia “sí podrían tener encaje a priori en las citadas infracciones”, debido al carácter “desproporcionado” de las prejubilaciones otorgadas a Escribano y al resto de los integrantes del comité de dirección.
Este asunto despertó una tremenda ola de indignación en la sociedad segoviana, que llevó a un millar de personas a manifestarse en octubre de 2012 ante la antigua sede principal de la Caja para denunciar la desaparición de la entidad y para reclamar que se depuren responsabilidades en el reparto, según los convocantes de la concentración, de 32 millones de euros entre esos directivos. Una cifra que hay quien eleva incluso hasta los 35 millones. Es el caso de las 300 personas que firmaron a finales de ese mismo mes un documento titulado “35 millones de euros” en el que apuntaban que “en los corrillos de los ciudadanos se dice que lo ocurrido es una vergüenza”, pero “estamos en una sociedad donde debe imperar la ley y ésta debe actuar. Sin miramientos, sin tapujos”.
Unos días antes de celebrarse aquella concentración, el propio consejo de administración de Caja Segovia, presidido por Rafael Encinas, había llegado a pedir a los exdirectivos que devolvieran esas cantidades “llamativas y quizás excesivas” para evitar que tuvieran que despedir a los 16 trabajadores que aún tenía la entidad, y para poder hacer frente al negro panorama que se presentaba a la Fundación de la Caja, cuya viabilidad estaba en cuestión tras conocerse que se había hipotecado el Torreón de Lozoya para hacer frente a una deuda tributaria de unos siete millones de euros.
