Resultaba evidente que la decisión de la Junta Electoral Central de prohibir las concentraciones del movimiento Toma la Plaza de hoy y mañana, conocida al borde de la medianoche del jueves, iba a generar una polémica enorme, y así fue.
De entrada, quedó claro el cantado enfado de los descontentos con la situación política, económica y social de España, liderados por el colectivo congregado en la Puerta del Sol de Madrid y secundados por otros muchos individuos en todo el país.
Además, se contemplaron las dudas del Gobierno en cuanto a si ejecutar un hipotético desalojo en la jornada de reflexión y sobre cómo hacerlo para que la situación no se descontrole.
Con respecto a los rebeldes, siguieron con sus asambleas y tienen claro que no se van a callar por lo que diga la Junta Electoral Central. En este sentido, cabe garantizar que hoy habrá concentraciones. Como poco, una no oficial a las 20,00 horas, que fue lo sugerido tras las deliberaciones.
Según recalcaron los portavoces del movimiento, en ellas no se podrá pedir el voto para ningún partido, ni tampoco la abstención o el sufragio en blanco en los comicios municipales y autonómicos que se celebrarán mañana. No han de escucharse, por supuesto, consignas políticas.
La constatación de la permanencia de los indignados en Sol en el día de reflexión, prácticamente segura, crearía un conflicto al Ejecutivo, porque en principio debería disolver los diversos grupos, pero enviar a la Policía traería una mala imagen, al tratarse de protestas pacíficas.
Quizás por el carácter tan espinoso de la coyuntura, tanto el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostraron ambiguos en relación a las actuaciones que se desarrollarán.
El secretario general de los socialistas se limitó a garantizar que se decidirá «correctamente y con inteligencia». «Queremos que se respete la jornada de reflexión, pero habrá que esperar para ver qué ocurre».
En cuanto a Rubalcaba, tampoco concretó y, al igual que su superior, rogó que se aguarde hasta el momento oportuno. «La Policía sabe lo que tiene que hacer para que se cumpla la Ley. Buscamos no crear más problemas a partir de uno, y por eso se tomarán medidas con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad». Por si surgen imprevistos, el cántabro optó por anular sus actos finales de campaña.
Las dificultades se le acumulan al Ejecutivo.
Un problema añadido para el Gabinete es que da la impresión de que, haga lo que haga, no va a poder dejar contentos a todos. Más allá de esta sensación, fuentes del Ejecutivo reconocieron ayer que, según la Legislación española y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no está nada claro que se pueda disolver una manifestación pacífica, aunque ésta no esté autorizada. Salvo sorpresa, el Gobierno catalán no piensa arriesgarse, pues insinuó que permitirá las concentraciones siempre que no alteren el orden público.
A Rubalcaba le llegaron advertencias tanto de los sindicatos policiales como de la Abogacía del Estado. Con respecto a los primeros, los dos mayoritarios, SUP y CEP, resaltaron que desalojar Sol sería «un enorme error» y generaría «un problema mucho peor que el evitado».
La recomendación de la Abogacía fue en la misma línea, pues se centró en el consejo de no disolver por la fuerza manifestaciones de corte no violento.
Quien sí animó a mostrarse inflexible y respetar a rajatabla la decisión de la Junta Electoral Central fue el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. «Si yo fuera ministro del Interior, se cumpliría la Ley, pero la responsabilidad es del señor Rubalcaba, que no puede mirar hacia otro lado».
IU consolida su apoyo al grupo reivindicativo.
Obviamente, Izquierda Unida ve en este amplio colectivo, muy crítico con el PP y el PSOE, una oportunidad de oro de aumentar su influencia social.
En este sentido, la formación liderada por Cayo Lara ha mostrado un rotundo respaldo al grupo desde su salida a la luz, y optó por presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra la medida de la Junta Electoral Central, que habrá que ver en qué deriva. Pase lo que pase, el movimiento ya ha empezado a recoger firmas para quedarse en Sol indefinidamente.
Por último, un abogado murciano fue más allá y pidió amparo al Constitucional para defender el derecho de reunión. Así, el desenlace de la historia aún está en el aire.
