Iniciada ya la campaña de arranque de la patata en Castilla y León en sus variedades tempranas y de media estación, los rendimientos hasta el momento están siendo inferiores a los obtenidos el año pasado, según asegura la organización agraria Alianza UPA-COAG.
En una nota de prensa, la organización asegura que la situación del cultivo en Castilla y León se caracteriza este año por su retraso, debido a que las siembras se realizaron más tarde de lo que es habitual motivado por el exceso de lluvias.
La superficie sembrada en Castilla y León asciende esta campaña a 20.220 hectáreas, de las que 13.970 has. corresponden a patata tardía, 6.200 son de media estación y tan sólo 50 hectáreas son tempranas.
Así, recuerdan que esta región es la primera productora del país con un 38 % del total nacional, doblando a la segunda comunidad autónoma, que es Galicia, con un 20 % de la producción total. La media del número de cultivadores en Castilla y León en los últimos años se sitúa en 5.200.
Respecto a los rendimientos que se están obteniendo, hasta la fecha son inferiores a los de la campaña pasada, y en cuanto a los precios que se están pagando al cultivador pueden considerarse óptimos en estos momentos. Sin embargo, estamos detectando en las últimas fechas como el precio se está reduciendo considerablemente debido a la presión ejercida por el Gobierno al culpabilizar a la patata como responsable de incrementar el IPC.
Arrancó la campaña con cotizaciones de 48 céntimos de euro/kilo, y actualmente la media es de 32 céntimos de euro/kilo. La situación es paradójica, puesto que este descenso vertiginoso en apenas unos días del precio en origen no se está trasladando en el precio al consumidor, que paga la patata nueva a una media de un euro/kilo, un precio invariable en las última semanas, y que supone un 312 % de diferencia entre el origen y el destino, sin tener transformación alguna.
La Alianza UPA-COAG recuerda que la patata no es culpable de la subida del índice de precios al consumo, y que en todo caso estamos ante un cultivo con precios muy volátiles, y del que el Gobierno no se acuerda cuando hay que tirarlo o malvenderlo por ejemplo a tres céntimos de euro por kilo como ocurrió hace dos campañas.
