Los mediadores de seguros están que trinan con los bancos, a los que ahora consideran una competencia directa. Ayer, el Colegio de Mediadores de Seguros de Segovia quiso presentar una encuesta, elaborada por Iurex.Con para el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, que concluye con un dato llamativo: el 90% de los españoles se ha visto “obligado o condicionado” a suscribir pólizas de seguros con un banco para que esa entidad bancaria le concediera un préstamo hipotecario.
El presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Segovia, Javier Bragado, fue ayer contundente en sus declaraciones, acusando a la banca que se dedica a hacer seguros de “voracidad”. “La banca —explicó Bragado— da ahora menos créditos, así que se ha visto obligada a buscar canales de negocio alternativos”. Y ahí entra en competencia con los mediadores de seguros, que lamentan “la agresividad” de la banca en su nueva línea de negocio, acusándola de “hacer cautivos a los consumidores”, pues “muchos de ellos necesitan obtener un crédito pero para ello se ven obligados a firmar un seguro con el banco”.
Bragado lamentó que, aunque numerosos consumidores critican el modus operandi de los bancos, muy pocos llevan a cabo acciones legales al respecto. “Se retraen a la hora de presentar una denuncia”, subrayó el presidente de los mediadores de seguros de Segovia, quien también advirtió que la legislación existente sobre cuestiones de esa índole “no favorecen mucho a los consumidores”.
“Ellos —dijo Bragado, en referencia a los bancos que realizan seguros— tienen menos exigencias legales que nosotros, y coaccionan a sus clientes”. A ese respecto, Bragado indicó que, a pesar de que la encuesta realizada por Iurex.Con demuestra que “los consumidores tienen una buena opinión de los mediadores”, a la hora de suscribir un seguro un elevado porcentaje acaba decantándose por un banco.
Los mediadores de seguros también quisieron denunciar que “los bancos miran más por sus intereses que por los de sus clientes”, olvidando “la finalidad social” de los seguros, que no es otra que “garantizar la estabilidad del asegurado”.
Preguntado por el sistema que los mediadores de seguros preferirían, Bragado se inclinó por el modelo canadiense, donde los bancos tienen prohibido por ley hacer seguros a sus clientes. “Lo que no puede continuar sucediendo es que un banco ni siquiera estudie una operación de crédito para un cliente si éste indica que no está dispuesto a firmar un seguro con esa entidad”. Para acabar, Bragado insistió en que, en la situación actual, los principales afectado no son los mediadores de seguros sino los consumidores que firman un seguro con su banco.
El 90% de los españoles se ha visto obligado a firmar un seguro con su banco
La encuesta realizada por Iurex.Con señala, entre sus conclusiones, que el 90% de los encuestados manifiestan haberse sentido “condicionados u obligados” a suscribir pólizas de seguros con bancos para poder satisfacer sus necesidades de financiación o crédito. El 58% de ellos han asegurado no haber recibido información correcta, veraz y completa sobre las características del seguro contratado. Según Ana Belén Serrano, portavoz de Iurex.Con, “la realidad práctica demuestra que, en el acto de firma de un préstamo hipotecario, se le presta muy poca atención a los seguros vinculados, por considerarlos accesorios e innegociables”.
La consulta arroja igualmente que el 45% de los encuestados considera que el seguro contratado a un banco está hecho a la medida de la entidad financiera, mientras que el 22% no sabe no contesta, “de lo que se puede deducir fácilmente —explica Serrano— que no saben lo que contratan. Y lo que es más grave: un 64% dice no sentirse protegido por la legislación o las instituciones ante posibles imposiciones de la banca, lo que pone de manifiesto —añade— la incapacidad de los organismos reguladores como el Banco de España o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para atajar estas prácticas”.
En cualquier caso, los mediadores de seguros recuerdan una sentencia del Tribunal Supremo, del 9 de mayo de 2013, sobre transparencia y nulidad de las cláusulas suelo, que abre una posible vía judicial para evitar abusos de los bancos.
