Los ‘centros abiertos’, impulsados por los padres de alumnos de Segovia tras la decisión de la Junta de Castilla y León de suprimirlos, comenzarán el 24 de diciembre, de ocho de la mañana a tres de la tarde y a un precio de 40 euros por semana, aunque los padres se podrán acoger también a una media jornada y pagar así 22 euros.
Según informa la agencia Ical, las federaciones de asociaciones de padres de las provincias de Ávila y Segovia han alcanzado un acuerdo con sus respectivos ayuntamientos para poner en marcha el programa de conciliación de la vida familiar y laboral Centros Abiertos.
Mientras, la Federación de Valladolid también ha intentado hacer lo mismo pero el Consistorio que dirige Francisco Javier León de la Riva ha declinado esta propuestas por no poder hacer frente al gasto que supone abrir los centros y su mantenimiento fuera del periodo lectivo.
En Segovia, los padres encontrado la buena disposición por parte del Ayuntamiento, que gobierna el socialista Pedro Arahuetes, quien ha mostrado disponibilidad para ceder los centros que sean necesarios, según apuntó la presidenta de la Federación segoviana, María del Mar Plaza, quien agradeció la colaboración del Consistorio para la puesta en marcha de este servicio que ellos han decidido que se denomine ‘Vacaciones en el Cole’ y por el que se han interesado ya familias de 80 niños.
Según explicó la concejala de Educación del Consistorio segoviano, Lirio Martín, su departamento hará “todo lo que esté en su mano” para ayudar a las familias en esta época de “recortes bestiales” y una vez que la Junta “les ha cerrado las puertas”. Por ello, el Ayuntamiento asumirá todos los gastos de la apertura de los colegios y lamenta no poder contribuir económicamente a la prestación del servicio. La semana que viene firmarán un acuerdo con el Consistorio para esta cesión y el servicio comenzará el 24 de diciembre.
No obstante, desde las ampas, tal y como sostuvo su secretario general, Guillermo Martín, no se ceja en pedir a la Junta que ponga en marcha este programa porque “son los poderes públicos” los que tienen que garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral y no las ampas. “Nuestra labor de colaboración no la negamos, si el ayuntamiento o la Junta hace la oferta nosotros colaboraremos con dar información, publicidad y otro tipo de funciones de colaboración”.
