Ciudadanos, empresas y administraciones públicas de Castilla y León deben a los bancos más de lo que produce la Comunidad en un sólo año y siete veces el presupuesto aprobado por la Junta hace pocos días. En concreto, la ‘deuda’ contraída con las entidades financieras por particulares y administraciones supone a mediados de año 71.162 millones, es decir, un 118,5% del Producto Interior Bruto de la Comunidad, que ascendía a 60.021 millones.
Así se desprende de los datos elaborados por la Dirección de Estadística de la Junta, que confirman que los niveles de ‘deuda’ general de la Comunidad han consolidado ya su tendencia a la baja y llevan más de un año cayendo hasta situarse en niveles previos a la crisis, es decir, en los que había a finales de 2007. Sin embargo, este ‘desapalancamiento’ se debe exclusivamente al cerrojazo al crédito que sufren empresas y particulares. Prácticamente desde el cuarto trimestre de 2008 la financiación de las familias se ha ido reduciendo progresivamente y ahora supone 66.705 millones, una cantidad cercana a la que había a mediados de 2007. Por el contrario, las administraciones públicas no han cesado de incrementar su nivel de deuda con bancos y cajas y, durante estos años de crisis, han multiplicado por dos y medio los créditos pendientes con las entidades financieras. Si a principios de 2007, debían 2.25 millones, ahora tienen que pagar 4.457.
El decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos Margarida, explica que este comportamiento distinto de los particulares y empresas, por un lado, y la administración por el otro se debe a que, cuando empezó la crisis, bancos y cajas «cortaron el crédito» al sector privado ya que empezaron a registrarse altos índices de morosidad y no quería que se disparara. «En 2007 había tanto crédito a las familias que la inestabilidad económica podría haber hundido el sistema bancario», señaló. Sin embargo, continuaron dando préstamos a las administraciones, que se endeudan cada vez más para «cubrir todo el gasto social» que se había generado en años anteriores, «cuando parecía que éramos ricos», y que se financiaba en gran parte con ingresos procedentes de la construcción, que se desplomaron.
En cuanto al comportamiento de los depósitos en estos años, se puede comprobar que en la misma recesión han convivido dos tipos de crisis. La primera, con epicentro en 2009, se produjo con el estallido de la burbuja inmobiliaria que expulsó del mercado de trabajo a miles de personas del sector y de otros relacionados. Ante los anuncios de una crisis profunda, los empleados de otros sectores incrementaron su nivel de ahorro. En apenas dos años, de principios de 2007 a finales de 2008, se pasó de 50.888 millones depositados en entidades financieras a 63.636 (un 25% más). En estas cifras elevadas de depósitos se transita durante hasta la primera mitad de 2011, cuando una nueva recesión golpea ya a toda la economía, incluido el sector público, y los ciudadanos tienen que acudir a sus ahorros. En ese momento, se percibe ya una tendencia a la baja que se consolida trimestre a trimestre y que lleva el nivel de depósitos del conjunto de Castilla y León hasta los 62.784 millones (60.869 del sector privado y 1.915 del público).
Endeudamiento neto
A la vista de estos datos, el catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la UVA Zenón Jiménez-Ridruejo remarcó en que, en su conjunto, Castilla y León tiene cada vez un «menor endeudamiento neto», es decir, que ha descendido la diferencia entre el dinero que reciben las entidades financieras para poder prestar (depósitos) y los créditos concedidos. Así, ese endeudamiento neto ha bajado de 14.765 millones en el cuarto trimestre de 2007 a 8.053 en el mismo periodo del año pasado, un 45,45% menos.
Sin embargo, incidió en que, mientras que hay una progresiva reducción del endeudamiento privado respecto a los depósitos (-59% en esos cuatro años), de 15.455 a 6.339 millones, en el sector público ha ocurrido lo contrario. En el último trimestre de 2007 los depósitos de las administraciones superaban a los créditos en 691 millones y cuatro años después había 1.714 millones de endeudamiento neto. Para Jiménez-Ridruejo esto significa que «hay un esfuerzo de ahorro adicional en el sector privado» provocado porque, mientras que los depósitos tanto privados como públicos han tenido «una cierta estabilidad» en los últimos años «con algunos picos», ciudadanos y empresas tienen «cada vez más difícil acceder a créditos, mientras que el sector público tiene cada vez más».
