José Ignacio de Juana Chaos está fugado, Arnaldo Otegi cumple condena cada día más cerca del País Vasco y Rafael López Usabiaga no ha aparecido por la casa de su madre desde que el juez le concedió la libertad condicional para cuidarla. Tal cúmulo de casualidades llevó ayer al PP alavés a proclamar su mosqueo y recordar como cada vez más creíbles los vaticinios de Jaime Mayor Oreja sobre una nueva negociación entre ETA y el Gobierno.
Curiosamente, después de que el miércoles se conociera que Otegi llevaba tres semanas en una prisión guipuzcoana pese a que el juez había denegado poco antes su solicitud para visitar a su padre, ayer mismo Instituciones Penitenciarias, directamente dependiente de Interior y, por tanto, a las órdenes del Gobierno, decidió disimular un poco el trato de favor al otrora jefe del brazo político de los asesinos y decidió trasladarle a un penal de La Rioja.
Por supuesto, tal gesto no acalla las críticas, dado que no se puede olvidar que la región vinatera es limítrofe con Euskadi y llevar allí al proetarra constituye un acercamiento encubierto que solo se justifica por su valía como interlocutor político con el Ejecutivo.
Por fortuna las Fuerzas de Seguridad galas no parecen receptivas a tales consideraciones y ayer asestaron un golpe a la cantera de ETA con la detención de cuatro presuntos pistoleros recién llegados a la banda desde las filas de SEGI, la rama juvenil de los proetarras. Se trata de Carlos Renedo Lara y Olatz Izaguirre, ambos apresados en San Juan de Luz; Asier Coloma Ugartemendía, detenido en Hendaya, y Gaitza Likona Anakabe, en Ciboure.
Ya más lejos de la vida real, la Audiencia Nacional acogía la última sesión del juicio por la voladura del estacionamiento de la T-4 de Barajas, un trámite meramente formal que sirvió al fiscal para ratificar sus severas peticiones de más de un milenio de cárcel para cada uno de los tres acusados.
Según el representante del Ministerio Público, Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián no solo asesinaron a dos ecuatorianos el 30 de diciembre de 2006, sino que también hicieron «saltar por los aires la esperanza» del fin de la violencia de ETA.
En palabras del acusador, que además de los 1.120 años de reclusión para cada uno reclama que los acusados indemnicen con 500.000 euros a los familiares de las dosd víctimas mortales, existe una «abundante, contundente, independiente y unívoca prueba» de su responsabilidad directa.
