Los barones autonómicos del PSOE, así como los líderes regionales de la formación de Ferraz que no detentan el poder, se reunieron ayer en Madrid para escenificar su unión sin fisuras en torno a la figura del líder del Ejecutivo y el partido, José Luis Rodríguez Zapatero. En un gesto muy significativo tras los conatos de rebeliones periféricas que se vivieron durante las últimas semanas, con destacados dirigentes del PSOE desmarcándose del número uno en un intento por evitar el contagiodel declive del inquilino de Moncloa, los dirigentes socialistas explicitaron su apoyo a la «ofensiva» social que dice protagonizar el Gobierno.
Por supuesto, durante el acto en el que se materializó tal respaldo nadie quiso acordarse de que el plan del Ejecutivo incluye el tijeretazo a las pensiones y la reducción del sueldo de los funcionarios, y se prefirió poner el énfasis en la «urgente e inaplazable» reforma de las políticas activas de empleo.
Así lo detalló al término del Consejo Territorial el presidente de dicho organismo, José María Barreda. Acompañado por el nuevo secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, el líder manchego destacó la importancia de la reunión de ayer por la cuestión «crucial» que se abordó, así como por su «potencia política». Con un enfoque exento de toda autocrítica, pertinente en un acto meramente partidario, Barreda proclamó que la cita se desenvolvió en un clima «muy positivo» y un estado de ánimo, sostuvo, «que no tiene nada que ver con el que se vivía hace poco tiempo».
Tras asegurar que durante el cónclave no se abordaron otras cuestiones políticas, el presidente de Castilla-La Mancha detalló que el objetivo de la reforma en ciernes es apoyar a las personas que están sin empleo, ayudándolas de manera más eficaz en su cualificación para que puedan encontrar cuanto antes un trabajo.
Además, recordó que las competencias normativas de las políticas activas de empleo corresponden al Gobierno, mientras que la competencia de ejecución es de las comunidades autónomas, por lo que el itinerario que se ha fijado el Gobierno pasa primero por hablar con los interlocutores sociales y con todas las regiones hasta llegar a la celebración de una conferencia sectorial para, posteriormente, aprobar un decreto ley que recoja todo lo pactado.
Por supuesto, ese camino normal no le vale al PNV, que prefiere hacer política a través de instancias más provechosas. Así, por medio de su jefe, Íñigo Urkullu, los vascos reclamaron a Zapatero que, a cambio de haberle dado «estabilidad», se les conceda representación en órganos claves del Estado. «Espero que el Gobierno también sea condescendiente con esa generosidad del PNV», sostuvo el jeltzale sobre un posible pacto para que los independentistas accedan a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, la Comisión de la Energía, la Comisión del Sector Postal y el Consejo de RTVE.
