Los autónomos podrán cobrar una prestación por cese de actividad que oscilará entre un mínimo de 583,38 euros y un máximo de 1.383,9 euros mensuales en el caso de tener dos o más hijos, según un informe de Trabajo remitido ayer al Consejo de Ministros.
Esta propuesta establece que la cuantía del subsidio será del 70% de la base de cotización de los 12 meses anteriores -la mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para 2009 es de 833,40 euros-.
La prestación irá de los dos meses que se percibirán si se ha pagado a la Seguridad Social entre 12 y 17 meses inmediatamente antes del cese, hasta el medio año para las cotizaciones superiores a 36 meses (durante nueve meses para las personas mayores de 60 años).
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó que el modelo, estudiado ayer en primera lectura, pretende ser «contributivo, solidario y financieramente sostenible».
La dirigente reiteró la «especial importancia» de estos trabajadores en el desarrollo económico en alusión a estas medidas, que se unen a las aprobadas en el último Consejo de Ministros de julio y dirigidas también a los autónomos (bonificaciones a la contratación y aumento de la capitalización del paro para crear autoempleo, entre otras).
El Ejecutivo quiere que estos trabajadores soliciten esta prestación de forma voluntaria, aunque vinculada a la cotización por contingencias profesionales -enfermedades y accidentes de trabajo-, obligatoria para los autónomos económicamente dependientes (Trade) y actividades de alto riesgo.
Las reacciones por parte del colectivo no se hicieron esperar. Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, «parece que los autónomos que han ido al paro en el ultimo año no existen para el Ejecutivo, que viven en otro país, cuando la realidad es que esos trabajadores no han estado en un sistema contributivo de desempleo, porque nunca ha existido, y no han tenido la posibilidad de cotizar».
El Consejo de Ministros también aprobó la concesión de una ayuda de 420 euros durante seis meses a los desempleados que hayan agotado la protección y no dispongan de ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. De este modo, beneficiará a unas 340.000 personas, y podrá ser prorrogable cada seis meses, siempre que la tasa de paro no baje del 17%. Asimismo, el Gobierno amplió en 5.000 millones la dotación inicial del Fondo de Inversión Local.
