Los antiguos consejeros de Segovia 21 insistieron ayer en defender su honestidad en la gestión llevada a cabo durante el tiempo que formaron parte del órgano de gobierno de la empresa, cuyo accionariado lo integran la Diputación Provincial, Caja Segovia (ahora Bankia) y Cámara de Comercio, más una pequeña parte de capital privado.
Ayer jueves la Fiscalía tomó declaración a quienes se sentaban en el Consejo de Administración de la sociedad. En principio habían sido citados nueve directivos, tanto de Segovia 21, como el máximo responsable de Fomento Territorial S.L., la sociedad a la que se contrató para llevar a cabo tanto obras de infraestructura, como parte de la gestión del complejo con convenios posteriores.
El fiscal jefe, Antonio Silva, definió como “interesantes, amables y educadas”, las manifestaciones realizadas por miembros del antiguo Consejo de Administración de Segovia 21, después de que los actuales gestores presentaran ante el Ministerio Público algunos contratos por sospechar que pudo haber algún exceso de pagos en los contratos con Fomento Territorial S.L.
La citación desde la Fiscalía se produjo después de que el pasado octubre, los nuevos gestores de la sociedad decidieron, a instancias de la empresa segoviana Verae, acudir al Ministerio Público porque detectaron “un posible exceso en los pagos realizados a Fomento Territorial con respecto a los inicialmente previstos en el contrato. Además la suma de pagos resulta, según nuestro criterio, excesiva y se encuentra en parámetros que podrían estar fuera de mercado», argumentaron. La documentación aportada por los nuevos gestores se incorporó a las diligencias que tenía ya abiertas el Ministerio Público sobre Segovia 21.
El primero que prestó declaración ayer fue el expresidente de Caja Segovia y exconsejero delegado de Segovia 21, Atilano Soto. Durante casi una hora y media atendió a las preguntas del fiscal jefe y de la teniente fiscal.
Le siguió el exsecretario general del PSOE provincial y actual portavoz en el Ayuntamiento de El Espinar, David Rubio, que también se sometió al interrogatorio durante casi una hora. A continuación pasaron por el mismo despacho, Miguel Ángel González; el ex presidente de la patronal de la construcción y representante de Segóbrida del Eresma, Tomás Rivilla. Y cerró el turno Benigno Rodríguez, que como Rubio y González, es consejero independiente.
Además de los miembros del Consejo de Administración, estaba convocado el presidente de Fomento Territorial, Elías Benatar. Fue uno de los que ayer acudieron a Segovia, aunque no llegó a declarar por falta de tiempo. Tampoco lo hicieron el exdirector general de Caja Segovia, Manuel Escribano; el expresidente de la Cámara de Comercio y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jesús Postigo; y el director general de Segovia 21,Jesús Sánchez; que lo harán el próximo martes 5 de febrero.
El fiscal jefe señaló que la investigación continuará sin que haya sido necesario adoptar ninguna medida cautelar ni económica.
La actitud que presentaban algunos de los citados fue muy diferente. Además del distinto semblante que expresaba su cara, la mayoría evitó hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación que se congregaron en el edificio de la Audiencia Provincial.
