La batalla lingüística en la educación en Cataluña se ha zanjado con una resolución del pleno de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha avalado, por mayoría de 21 votos, la obligatoriedad de la Generalitat a impartir las clases en castellano a aquellos alumnos cuyos padres así lo soliciten. En consecuencia, el Ejecutivo que preside Artur Mas deberá ofrecer atención idiomática individualizada a las tres familias demandantes que querían educación en español. Además, el auto judicial también avala el modelo catalán de inmersión lingüística en la comunidad.
Ahora, el TSJC deja sin efecto su resolución de 2011, por lo que «mantiene el modelo que en la actualidad se está llevando a cabo», y que implica que las escuelas conservarán el catalán como lengua vehicular de la enseñanza.
El abogado de Convivencia Cívica Catalana (CCC), Ángel Escolano, ya ha avanzado que recurrirán en el plazo estipulado de 10 días, al interpretar que la atención lingüística individualizada que dicta el auto se ejecutará para los padres que han reclamado y para aquellos que lo hagan a partir de ahora a través de una demanda.
En el texto, los jueces del TSJC reprochan a la Generalitat que «en los casos concretos de las familias que habían solicitado enseñanza en castellano, la Administración no ha acreditado haber ejecutado debidamente la sentencia del Supremo», por lo que obliga al Govern a dar respuesta, en este caso, a los demandantes.
«Pretender extraer desde una lectura descontextualizada de una frase del fallo del Alto Tribunal un pronunciamiento general sobre el uso del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de toda Cataluña es algo que excede en mucho de lo que es la función propia de éste órgano», aclaran los magistrados del TSJC, quienes avisan de que solamente el TS habría podido, en su momento, precisar el contenido mediante una aclaración del fallo.
Prioridad en el aula
Por su parte, la resolución del TS, emitida en 2010, obligaba al Gobierno de Cataluña a incorporar el castellano como lengua vehicular de la enseñanza, alegando su cooficialidad en el territorio.
Las familias acudieron entonces al TSJC para reclamar el cumplimiento de ese fallo, y el tribunal catalán se alineó con el Supremo, lo que el Govern recurrió.
Ayer, el Superior de Cataluña dio respuesta al recurso de la Administración regional aclarando que «tiene la obligación de adoptar las medidas en relación a la enseñanza que se imparte a los hijos del recurrente», que no son otras que la inclusión del castellano como lengua vehicular en esos casos.
