Los altos cargos de la Junta darán a conocer en el mes de abril sus declaraciones de bienes de salida en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana que se aprobará previsiblemente en el mes de febrero, una vez presentado el proyecto ayer en el Consejo de Gobierno para su posterior traslado a las Cortes.
Así lo explicó el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. Aunque esas declaraciones se conocerán de forma habitual en el mes de enero la intención del Gobierno autonómico es hacer públicos esos bienes de salida en abril, antes de que termine la presente legislatura.
Esta es una de las novedades del proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana que obligará a los altos cargos del Gobierno regional a presentar anualmente copia de sus declaraciones del IRPF y, en su caso, de patrimonio, que quedarán inscritas en el Registro de Intereses.
Según insistió el consejero, los altos cargos deberán presentar declaración notarial de bienes patrimoniales “no sólo cuando accedan al cargo, como sucede hasta ahora, sino también cuando lo abandonen”. La nueva norma obligará a publicar en el Bocyl las declaraciones notariales del presidente y de los consejeros, difusión que ya se cumple aunque con carácter voluntario.
El consejero de la Presidencia presentó el proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana como “una norma fundamental” para fomentar la transparencia en la información, la participación y la cooperación de los ciudadanos en lo que definió como un “círculo virtuoso” para implicar y hacer cómplices a los castellanos y leoneses.
“No es una ocurrencia de última hora”, aclaró también De Santiago-Juárez, quien admitió que la nueva norma será un “antídoto” contra la corrupción y volvió a hacer un llamamiento al principal partido en la oposición para alcanzar un “gran acuerdo político” por el bien de Castilla y León y de sus ciudadanos. “Ellos sabrán”, ironizó respecto a si tiene que ser el nuevo secretario regional, Luis Tudanca o el Grupo Parlamentario los que tomen la decisión sobre el acuerdo.
En este sentido, el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, rechazó que su formación vaya a llegar a un acuerdo ya que los socialistas “no se fían” de la palabra del PP. En su opinión, desde los populares “no se da ni una sola de las condiciones para acordar” y, además, tienen que “dar pasos para demostrar que han cambiado”.
Entre las novedades más significativas del proyecto de ley, que ha ido “más lejos” de las exigencias que marca la norma estatal, destaca la ampliación de las exigencias de publicidad activa estipuladas en la norma del Gobierno y el detalle de la relación de asuntos que deberán difundir los organismos y las entidades del sector público autonómico.
La Junta también informará del volumen de endeudamiento de la Comunidad, la estructura de la cartera de deuda y la finalidad a la que están destinados los bienes inmuebles de su propiedad y dará a conocer la relación de los que se ceden a terceros y el número de vehículos oficiales y uso al que se destinan.
Según el consejero, la futura norma, que elevará la participación a derecho ciudadano, atribuye al Procurador del Común el desempeño de las funciones de Comisionado de Transparencia con lo que se reforzará “más si cabe” el trabajo de esta institución en la Comunidad sin “generar costes o estructuras adicionales”.
